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Como informara FM Gente, el Juez Letrado de la Sede Penal de la ciudad de San Carlos, Vital Rodríguez, dispuso el cese de detención para tres personas mayores de edad, uno de ellos poseedor de antecedentes penales y apodado El Buñuelo, que permanecían detenidos en relación a siete allanamientos que realizó en la jornada del lunes personal de la Brigada Departamental Antidrogas de Jefatura.

Gómez y Audiffred, abogadas de los detenidos, presentaron un recurso de inconstitucionalidad que tiene efecto suspensivo y ahora deberá expedirse la Suprema Corte de Justicia.

DEFENSA “AJUSTADA A DERECHO”
La Dra. Gómez admitió que “la ciudadanía tiene el derecho opinar”, al referirse a los comentarios que despertó este recurso y la posterior decisión judicial. No obstante, explicó que la defensa ha actuado “ajustada a derecho” y recordó que no es la primera vez en la historia del Uruguay que se presenta un recurso de inconstitucionalidad.

Agregó que fue presentado porque, si bien el nuevo Código de Proceso Penal tiene aspectos "positivos”, contiene otros que “rayan la inconstitucionalidad”, en una opinión que es compartida por otros estudioso del Derecho”, señaló.

Expresó que, en este caso, la detención se hizo sin orden del juez y agregó que no se efectuó “in fraganti” delito, requisito fijado en la Carta Magna. También indicó que el juez no pudo tomar la declaración al imputado dentro de las 24 horas, como establece la Constitución porque el nuevo CPP establece otra cosa.

“Por eso se interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Y aunque la población en general no lo comprenda, es un derecho del indagado. Es un derecho del debido proceso. Y el abogado está allí para controlar que se cumplan las garantías del debido proceso”, destacó.

Gómez también informó que, en este caso, se encontró un frasco “que contenía 124 gramos” de una sustancia blanca que, sometida a un reactivo, se comprobó que tenía cocaína, aunque no se pudo determinar el grado de pureza, y 28 mil pesos. Pero sostuvo que el bollón no estaba en la casa de su cliente, sino en un lugar público, abierto y muy transitado, donde hay una cañada, a 42 metros de la casa.

Por otra parte, expresó respecto a las armas que una “escopeta vieja” y un “pedazo de revolver”, que fueron incautados, estaban “enterrados ahí. No hay huellas digitales… ¿Qué prueba hay (de que son del indagado)?”, se preguntó.

PRUEBAS Y TESTIGOS
Añadió que hay declaraciones de tres “testigos protegidos”, a las que las defensoras accedieron sólo parcialmente, en las que reconocen que “consumen pero que a él no le compran”.

“Entonces, nosotros cuestionamos la calidad de esa prueba”, destacó. “Controvertimos esas pruebas que llegaron a la Fiscalía”, apuntó.

Las dos abogadas coincidieron en que la defensa cree que esas pruebas fueron “plantadas” –colocadas ex profeso- , ya que su cliente ha sido objeto de reiterados allanamientos. Señalaron que se podría estar ante una maniobra y que alguien hubiera “plantado” la droga en ese lugar.

“Nuestro cliente nos asegura que no es de él”, sostuvo Audiffred. “No es habitual que los consumidores hagan cola para declarar”, comentó Gómez.

Por otra parte, Audiffred expresó que esta persona fue condenada y procesada, en su momento, “y cumplió con su pena… Y ahora se alejó totalmente del mundo del ilícito. Y no puede seguir siendo juzgado por la población y por la ley por delitos que cometió pero cumplió. Y no hay pruebas para que ahora, por rumores, se lo procese”, aseveró.

Las abogadas explicaron, asimismo, que su defendido tiene un solo auto usado, y no tres como se señaló por parte de la Policía tras el operativo, y que, además, lo debe.

Recalcaron en varias oportunidades que el bollón con la droga y el dinero, así como los autos incautados y el arma no estaban en poder ni en la casa de El Buñuelo.

CAMPERA DE POLICÍA TÉCNICA
También confirmaron que, tras el allanamiento, encontraron en el lugar una campera de Policía Técnica y lo documentaron con una foto. “Un funcionario me dijo luego que no habían dejado nada y que lo púnico que les había llamado la atención era lo que se habían llevado”, relató Audiffred. “Después, ante la Fiscalía, un funcionario dice que había encontrado en ese monte, en un árbol, una campera, de Policía Técnica… Justo la olvidaron a unos metros donde encontraron la droga… Por supuesto que hay reparos en la cadena de custodia de las pruebas. Si se recoge la droga y las armas, se tendría que haber recogido esa campera, que estaba allí. La vimos y tomamos fotografías”, añadió.

También señaló que la Fiscalía estaba dispuesta a llegar “a un acuerdo”, pero siempre incluyendo la prisión efectiva. “Nosotros entendemos que no hay prueba para procesar a nuestro defendido y someterlo a una prisión preventiva”, que es la ultima “ratio”, remarcó.

Dijo que no les ha llegado la versión de que, a su cliente, le imputarían tres homicidios.

SEGUIMIENTO POLICIAL
En otro orden, confirmaron que anoche, tras salir del Juzgado, las siguió la Policía.

“Salimos del Juzgado con nuestro cliente. Lo acercamos hasta su casa. Y en todo momento nos estuvo siguiendo la policía… Pasaron una y otra vez. Nos sentimos un poco intimidades”, admitió Gómez.

“Estamos sumamente tranquilas de que hemos actuado acorde a Derecho. Si la policía entiende que debe interceptar el paso de las abogadas, por un motivo fundado, lo hará. Y después se verá. Tal vez no nos seguían a nosotros. O tal vez lo que querían era custodiarnos, para que llegáramos a salvo”, indicó. Aclararon que, hasta el momento, no han recibido amenazas de ningún tipo.

Asimismo, señaló que en la audiencia su cliente, que tiene “las piernas marcadas”, declaró que había sido golpeado por efectivos de la Policía con sus rostros cubiertos, por lo que no podía identificarlos, aunque el juez sólo atendió la situación y no elevó ningún oficio, como se estila en estos casos, a la Jefatura. Expresó que sólo lo vio una médica en el Hospital, que no constató lesiones.

NO SE MANEJAN PLAZOS
Señalaron que no se maneja, por el momento, ningún plazo para que la Suprema Corte se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad. Recordaron, además, que otra acción similar ya había sido planeada por ellas mismas en el caso de un hermano de este cliente.

Gómez anunció que, si bien aún no se ha tomado una decisión, “no se descarta” recusar a alguno o algunos de los ministros de la Suprema Corte, por haber intervenido activamente en la implementación del nuevo Código de Proceso penal.

Indicaron que, por ahora, su cliente no tiene ninguna medida judicial dispuesta, ya que el magistrado negó un pedido al respecto de la Fiscalía, por lo que puede hacer su vida “normal”, como lo hace desde 2012 cuando abandonó la cárcel, y que piensa seguir viviendo en San Carlos, como hasta ahora.


Escuche el audio de la entrevista completa: