Facebook Twitter WhatsApp

El estudio de abogados representa a vecinos residentes y no residentes de Manantiales que se sienten perjudicados por complejo que promueve el empresario Alejandro Gravier (esposo de la modelo argentina Valeria Mazza) y el ejecutivo español Félix Abánades, ya autorizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Los abogados llevan meses afirmando que el emprendimiento no se ajusta a las disposiciones legales y ahora, por segunda vez en un año, encomendaron un análisis de la documentación al grupo Bastides. El informe, fechado el 28 de diciembre pasado y firmado por el arquitecto y docente Pablo Ligrone, revela “siete incongruencias” en la documentación presentada a la Dinama y a la Intendencia de Maldonado para tramitar la autorización de la construcción.

Ligrone concluye que el complejo propone viviendas “apareadas” cuando, de acuerdo a sus cálculos de las dimensiones del terreno y la distancia que deben tener las construcciones entre sí, deben ser individuales.

En otro punto, el arquitecto añade que “el Hotel no estaría cumpliendo con los porcentajes de FOS (36% en lugar de 25%) y de FOT (114% en lugar de 50%) establecidos en la normativa o que las viviendas no cumplen con el artículo 236 del TONE”.

También señala que detectó una diferencia entre los metros cuadrados a construir declarados a la Dinama y a la Intendencia de Maldonado, y que no se especifica en la documentación los que serán destinados a viviendas y los que se destinarán a hotel. A juicio de Ligrone “se constata una contradicción relevante” en este punto.

Añade que tampoco se cumple con la normativa exigida en cuanto a la distancia de los edificios, y que hay “numerosas contradicciones y ausencias” en los documentos que especifican las características de la piscina del complejo.

Por último, el informe de Ligrone indica que “no se identificó (en la documentación) el cumplimiento del artículo 38 de la ley 18.308”, por el cual los inversores deben ceder a la intendencia 10% del predio donde se autoriza la construcción del complejo.

“Hemos identificado 7 incongruencias relevantes entre el proyecto que obtiene la Autorización Ambiental Previa de DINAMA de aquel que obtiene el Permiso de Edificación de la Intendencia de Maldonado si los comparamos entre sí y al contrastarlos con la normativa Departamental (TONE art. 236) y la ley 18.308 (art. 38)”, subraya. (ver informe completo en el link DOCUMENTOS de esta página).

NUEVAS ACCIONES

Por su parte, el abogado Fioroni remarcó a FM Gente que SPU defiende los “intereses difusos” de la zona de Manantiales y busca “ayudar a conducir el desarrollo de la costa por caminos de sustentabilidad ambiental/territorial, y dentro del marco legal nacional y departamental vigente”.

En tal sentido, informó que el estudio entabló demandas “a nivel judicial y administrativo, confiando en que prevalezca el respeto por la legalidad y los derechos de todos los involucrados”. Añadió que, “en lo inmediato”, prevén nuevas presentaciones en procura de que el proyecto se acoja a la “normativa aplicable y al modelo de desarrollo sostenible que distingue a Uruguay en el contexto de las naciones como un país natural (Uruguay Natural) y no intereses individuales económicos, egoístas o arbitrarios”.