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Aunque no menciona a la magistrada Adriana Graziuso, el colegio de abogados se refiere a la “justicia letrada” que lleva adelante “procedimientos en un caso por denuncia de ocupación ilegal de terrenos”.

“Este Colegio reafirma su posición manifestada en anteriores oportunidades en el sentido de apoyar absolutamente la actuación de la institución encargada de impartir Justicia en nuestro departamento, afianzando la defensa de la transparencia y la separación de poderes”, indica el comunicado gremial, en respuesta a declaraciones públicas del intendente Óscar de los Santos.

El jerarca comunal anunció el lunes que, en acuerdo con el municipio carolino, pedirán a la Suprema Corte de Justicia que se expida sobre “el rol” de los denunciantes y el papel de la Justicia en casos de ocupaciones de terrenos ilegales en El Tesoro.

Según le informaron desde la división Jurídica de la Intendencia, jueza del caso, Adriana Graziuso, abrió “un presumario paralelo” para investigar a un concejal de San Carlos y al abogado Rafael Barla, quien actúa en representación de la intendencia.

“Si ante la ocupación de un terreno de forma irregular, que puede configurar un delito, la acción del Estado es llevar la denuncia ante la Justicia, lo que queremos es que la Justicia indague y confirme si hay un delito no. Pero no se puede tratar a los funcionarios de la intendencia, los profesionales o los concejales como que fueran los responsables del hecho cuando, de pronto, el delito está en otro lugar”, remarcó, molesto, el jefe comunal a la corresponsal Daniela De León.

Este jueves el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal dijo a FM Gente que no tiene noticias de que la nota anunciada por el intendente haya llegado a la corporación. De todas maneras, dijo que en caso de recibirla se le dará a la jueza un plazo de 72 horas para que elabore un informe del procedimiento. Si es de recibo por parte de la Corte, "la cosa queda ahí, de lo contrario, se iniciará una investigación", señaló Ruibal.