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Fernández Chaves acusó al Ejecutivo municipal de modificar unilateralmente cláusulas sobre reparto de la prima por productividad y sobre libertades sindicales que formaban parte del convenio inscrito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La dirigente dijo que más de cien trabajadores quedaron fuera del reparto de la prima por productividad, debido a una resolución unilateral del municipio. “Hay un cúmulo de expedientes. Un funcionario del sindicato ha pasado casi todo el día en Secretaría notificándose sobre expedientes que la Dirección de Personal dice que no corresponde el pago y manda archívar, cuando son casos que habíamos hablado que estaban incluidos en el pago”, graficó la presidenta de ADEOM.


“Evidentemente hay una clara violación a lo que se acordó. Siempre nos manejamos con mucho respeto con el intendente y ha sido recíproco. No me gusta hacer sindicalismo agresivo, porque uno piensa en la familia que está atrás del jerarca. No me gusta poner pancartas ni andar faltando el respeto, pero no podemos mirar para otro lado. Tenemos que defender los derechos de 3.000 personas”, argumentó Fernández Chaves.

Añadió que el Ejecutivo también violó libertades sindicales, al modificar “unilateralmente una resolución de este mismo gobierno acordada con el sindicato sobre horas sindicales, en su momento no dije nada porque afectaba a los dirigentes pero en este caso (el de la productividad) abarca a todos los funcionarios municipales.”

En tercer lugar, la dirigente dijo que también existe una violación del convenio colectivo con respecto a los temas que analiza la Comisión de Seguridad Laboral. “Hay montones de denuncias de trabajos irregulares por parte de compañeros, de condiciones de trabajo terribles que hemos planteado en el marco de la mesa bipartita formada con el Ejecutivo y no han tenido ninguna respuesta”, lamentó.

MÁS DATOS PARA LA DENUNCIA

Fernández Chaves también habló de la auditoría interna realizada en ADEOM, donde se constataron varias irregularidades que serán parte de la ampliación de la denuncia penal presentada contra la pasada comisión directiva.

“Las prácticas de no documentar los gastos eran usuales, en seis meses hay más de 100 mil pesos que no se puede comprobar si los gastos fueron a donde se dijo. Hay 64 mil pesos de gastos en combustible”, graficó. Dijo luego que este tipo de prácticas detectadas en la anterior directiva “ya se venían dando”. “Tan pronto se levante la feria judicial, la información se agregará a la denuncia penal, en una ampliación, porque ya corresponde a otro período”, adelantó.

Finalmente, la dirigente subrayó que el auditor contratado realizó un manual de procedimiento “para que no se vuelvan a dar estas prácticas”. Adelantó que en febrero habrá una asamblea extraordinaria para tratar de incluir el manual de procedimiento al estatuto, “cosa de que quien venga tenga ese manual para no cometer irregularidades”.