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Fiscalía General de la Nación divulgó este martes que la investigación del caso comenzó en octubre de 2023, luego de que la adolescente narrara a la adscripta del liceo al que concurre que la pareja de su madre había abusado sexualmente de ella, y de que se radicara denuncia policial y penal en el Juzgado de San Carlos.

De la investigación realizada por Fiscalía surge que los abusos sexuales “comenzaron cuando la víctima tenía 7 años de edad, luego de que el hoy condenado comenzara una relación afectiva con la madre de la víctima”.

“Surge también que las situaciones abusivas fueron escalando en intensidad y aumentando en frecuencia. La niña se resistía, pero se sentía en riesgo, intimidada y amenazada por este adulto”, continúa el comunicado divulgado por Fiscalía.

“Así, el condenado perpetró los abusos durante años, que incluyeron tocamientos en las zonas íntimas de la niña, sexo oral e intentos de penetración genital, hecho que se concreta cuando la víctima tenía 14 años de edad y es víctima de un nuevo episodio abusivo del que se despierta semidesnuda y con dolor en la zona genital sin recordar lo sucedido”, consignan.

La Fiscalía dispuso pericia forense y psicológica para la víctima, cuyos informes fueron integrados en la investigación, junto a declaraciones de testigos e historia clínica de la víctima.

La Fiscalía Departamental Especializada en Género de San Carlos, a cargo de la fiscal Fiorella Marzano, logró la condena mediante juicio abreviado del hombre de iniciales A.M.J.M a la pena de siete años de penitenciaría.

Además, le impuso la suspensión para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con personas en las situaciones detalladas anteriormente.

También se dispuso una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos y la inscripción en el Registro de Abusadores y Violadores.



Foto: Fiscalía