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Astiazarán sostuvo que la advertencia que él formuló muchas veces va dirigida a “personas que no saben que eso está prohibido”, aludiendo a la compra venta de viviendas categoría social. “Estas viviendas no pueden ser traspasadas, ni cedidos los derechos, porque el comprador no adquiere dichos derechos ante las autoridades competentes, sea tanto la intendencia o el ministerio de Vivienda”, explicó, con finalidad didáctica.

Agregó que “se han visto muchos casos en esta situación”, y justificó que “es por eso que queremos alertar a aquellas personas (a las) que se les ofrezca este tipo de negocio, que se asesore y no se deje engañar en su buena fe o en su deseo de tener su propia vivienda, esto le traerá más problemas y no una solución”.

El enfoque del vocero oficialista en el tema se cuidó de no colocar ese tipo de transacciones en la categoría de un delito, sino de una acción de engaño, por más que en caso de que algún caso de estos llegara a la Justicia, sería esta la que debería determinar si ese engaño, si lo hubo, no fue un delito.

EN CERRO PELADO 13 MIL DÓLARES Y DENUNCIAS

Astiazarán avanzó en su descripción sobre las situaciones de mercado que se da con estas casas cuando reveló que “hay casos de viviendas vendidas ilegalmente, por ejemplo en Cerro Pelado, en montos que rondan hasta los 13 mil dólares cuando tan siquiera (los adjudicatarios) pagaron una cuota”.

“Tanto el que vende como el que compra incurre en una irregularidad; la intendencia está tratando de regularizar todas las situaciones en los barrios de Maldonado; es así como amparada en la legislatura (legislación) vigente la intendencia empezó a hacer denuncias penales en los casos mencionados”, reveló.

El curul trazó un panorama estadístico de la situación de las viviendas sociales. “En 2009 el 12% de los padrones estaban regularizados; a mediados de 2010 alcanzó un 19%; mientras que en marzo del presente año se alcanzó el 52 por ciento de padrones regularizados; del 48% restante, hay un 20% que están en trámite de regularizar”, dijo.

“A marzo de 2013 la situación es la siguiente: 507 vecinos han firmado el compromiso de compra venta, 54 de ellos han cancelado el precio y 473 son los que deben abonar las cuotas mensualmente”, detalló.

Amplió que “del subtotal de 473 (que deben pagar la cuota), 223 se encuentran al día, o han adelantado cuotas; 250 no tienen deuda vencida” y “del subtotal de esos 250 (hay) 109 (que) tienen dos o menos cuotas vencidas, 80 tienen entre tres y cinco cuotas vencidas, y 61 seis o más cuotas vencidas”.

LAS VIVIENDAS SOCIALES HABILITADAS

De las cifras expresadas por Astiazarán surge que en Maldonado existe un total de 1.248 viviendas de categoría social habilitadas, y es a ese universo que el vocero oficialista se refirió, sin incluirlo específicamente en su informe. El discurso del curul refirió todo exclusivamente al universo de quienes efectivamente han regularizado su situación como titulares de esas viviendas.

“Las conclusiones (son) que considerando los 114 vecinos que han cancelado la totalidad del precio, los 507 que han firmado un compromiso de compra venta al amparo del decreto 3817/06, y a los 28 vecinos que han firmado contrato de arrendamiento, hacen un total de 649 padrones efectivamente regularizados”, expuso.

Agregó que “a la luz de los datos expresados, se puede expresar que a la fecha se alcanzó el 52% de regularización, con un 72% de situaciones estudiadas”, lo que sugiere que hay un 28% de situaciones (unas 350 viviendas) cuyas situaciones no han sido todavía analizadas por la intendencia.

“Con respecto a la regularización de viviendas construidas y entregadas en el período de gobierno anterior y en el presente, se está trabajando en dichas viviendas construidas, encontrándose en tramite al día de hoy la regularización de las viviendas de Aiguá, Pan de Azúcar, y Las Flores, lo que totalizan 89 viviendas”, informó.

Añadió que “sin perjuicio de que se continúa trabajando en las restantes”, está “el caso de las viviendas de Aiguá y Pan de Azúcar, (donde) los expedientes se encuentran en trámite de obtener la anuencia de la Junta Departamental para la enajenación de las viviendas”, concluyó.
zl