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El curul dijo que desde la asunción de Antía, “en julio del año 2015, varios han sido los amigos del intendente que han llegado a la Intendencia de Maldonado para prestar sus servicios. Solo vamos a dar cuenta de algunos”, adelantó.

“El contador Isaac Alfie, contratado en forma directa según Resolución Nº 3.178/2016, por un total de $700.000 más IVA por mes; el doctor Enrique Moller, contratado en forma directa según Resoluciones Nos. 3.647/2016 y 3.321/2016, por un total de U$S11.000 más IVA para la presentación de cuatro denuncias judiciales; y el señor César Pérez Arboleda, yerno del señor intendente, contratado también en forma directa por Resoluciones Nos. 6.541/2015, 00355/2016 y 1.178/2016, que suman un total de $627.224”, señaló.

Además, apuntó que “el señor Alfie fue contratado ‒y así lo expresa la resolución‒ para: formular planes y programas que permitan financiar servicios y actividades públicas departamentales; diseñar formas, políticas y estructuración del financiamiento de gastos e inversiones de la Intendencia; elaborar una política de deuda sostenible para la Intendencia; asesorar en el seguimiento de la ejecución presupuestal y en las tareas de mejora de gestión, formulando informe respecto a las medidas correctivas que se deban tomar. Una de las tareas del mencionado profesional era la de elaborar el Presupuesto quinquenal votado por esta Junta; ese Presupuesto que en uno de sus artículos dice que nuestro departamento percibe sus mayores ingresos por actividades agropecuarias. Esto resumen, realmente, el trabajo que ha hecho el antes mencionado señor Alfie”.

“En el caso del doctor Moller, la tarea era distinta. Debía –decimos en forma muy resumida– preparar y presentar las denuncias al Ejecutivo anterior ante la Justicia pertinente y –como lo adelantara el señor intendente en conferencia de prensa– el prestigioso abogado cumplió con las tareas encomendadas, pero con un pequeño detalle: dichas denuncias fueron presentadas en un Juzgado que no era competente. Eso nos hace pensar por qué lo hizo, si fue por desconocimiento o por generar un estado mediático para el cual no queremos creer que fue contratado. Cada uno sacará sus propias conclusiones”, agregó.

Dijo que “otro caso que ha dado y seguirá dando mucho que hablar es el del señor César Augusto Pérez Arboleda, yerno del señor intendente, el que al parecer ha realizado tan bien su tarea que por tal motivo ha sido recontratado en forma directa en varias oportunidades, aunque aparecen publicadas solo dos resoluciones: la Nº 6.541/2015 del 15 de setiembre de 2015, donde se le contrata por tres meses por la suma de $320.400 y la N° 00355/2016, rectificado el plazo por resolución 01178/2016, que lo recontrata por cuatro meses, por un total de $306.824. La Dirección peticionante en ambos casos es la de Comunicaciones, que dice que, por su experiencia, quien puede prestar el servicio es el señor César Augusto Pérez Arboleda”.

También apuntó que “el 29 de febrero de 2016, por resolución N° 1675/2016, el intendente Antía dispone contratar al señor José Pereyra en representación de la Consultora Dígitos, claro está, a través de la contratación directa. La resolución nos dice que a fojas 1 comparece el señor José Andrés Pereyra De Brum por Consultora Dígitos, ofreciendo un proyecto de investigación anual planificado y diseñado con la finalidad de proporcionar insumos necesarios para la toma de decisiones estratégicas en las distintas áreas de gestión del Gobierno. Es realmente así como lo acabo de decir: de la nada aparece el señor Pereyra ofreciendo un proyecto de investigación anual para proporcionar insumos necesarios para la toma de decisiones estratégicas en las distintas áreas de gestión del Gobierno, que ‒¡oh casualidad!‒ es una necesidad del Gobierno departamental contar con esa información. Se dispone la contratación, reiteramos, en forma directa, por doce meses, por $2.067.000 más IVA”, resaltó.

Indicó que en este caso también se realizó “un pedido de informes por esta contratación” y hasta ahora no ha recibido respuesta.

“Esperamos que el señor intendente conteste este y los numerosos pedidos de informes realizados, ya que de otra manera no solo se está impidiendo el cumplimiento de la función de contralor que la Constitución le asigna a esta Junta Departamental sino también ocultando a la población de Maldonado cómo se manejan los dineros públicos. Esos dineros son públicos y no dineros propios del señor intendente”, afirmó.