“El Estado tiene que colaborar con el Estado. No hay vuelta, no hay otra forma de mejorar nuestro país si nosotros que estamos todos en el mismo barco tratando de cambiar la realidad no nos ponemos codo con codo para de alguna manera ayudarnos a colaborar cada uno aportando su granito de arena para tener una sociedad más justa y en este caso una educación que se le pueda brindar a todos los niños de mejor calidad y en condiciones mejores que es lo que nosotros podemos aportar con este convenio”, indicó Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), dependiente del INR, será el organismo encargado de evaluar y controlar el cumplimiento de las tareas por parte de las personas condenadas. Bajo la supervisión de OSLA existen actualmente 15.892 medidas sustitutivas a la privación de libertad. Entre ellas 5.264 implican trabajo comunitario, 3.161 son por la Ley N.º 19.120 y 2.103 por la Ley N.º 19.889.
El presidente del Consejo Directivo de ANEP, Robert Silva, también destacó la relevancia de este acuerdo. “Creo que es algo bien importante porque es la posibilidad de atender necesidades de los centros educativos pero también considerar la oportunidad de redimir, de tener una actitud positiva frente a la sociedad y en la educación, en función de lo que la Justicia establezca”, dijo.
La ANEP determinará aquellas dependencias que se encuentren en condiciones de operar como centros receptores de personas derivadas para desempeñar trabajos comunitarios en el marco de las medidas dispuestas por mandato judicial. La OSLA y el centro educativo al que sea destinada la persona coordinarán las condiciones específicas de frecuencia y tareas a cumplir por la persona derivada. Además realizará la evaluación técnica.
“Antes de trabajar se le hace un abordaje técnico por parte de la OSLA y de acuerdo a sus habilidades y su perfil es destinado a hacer el trabajo que la Justicia dispuso. La Justicia dispone y OSLA controla que cumplan lo dispuesto”, explicó Luis Mendoza, director del INR.
La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), dependiente del INR, será el organismo encargado de evaluar y controlar el cumplimiento de las tareas por parte de las personas condenadas. Bajo la supervisión de OSLA existen actualmente 15.892 medidas sustitutivas a la privación de libertad. Entre ellas 5.264 implican trabajo comunitario, 3.161 son por la Ley N.º 19.120 y 2.103 por la Ley N.º 19.889.
El presidente del Consejo Directivo de ANEP, Robert Silva, también destacó la relevancia de este acuerdo. “Creo que es algo bien importante porque es la posibilidad de atender necesidades de los centros educativos pero también considerar la oportunidad de redimir, de tener una actitud positiva frente a la sociedad y en la educación, en función de lo que la Justicia establezca”, dijo.
La ANEP determinará aquellas dependencias que se encuentren en condiciones de operar como centros receptores de personas derivadas para desempeñar trabajos comunitarios en el marco de las medidas dispuestas por mandato judicial. La OSLA y el centro educativo al que sea destinada la persona coordinarán las condiciones específicas de frecuencia y tareas a cumplir por la persona derivada. Además realizará la evaluación técnica.
“Antes de trabajar se le hace un abordaje técnico por parte de la OSLA y de acuerdo a sus habilidades y su perfil es destinado a hacer el trabajo que la Justicia dispuso. La Justicia dispone y OSLA controla que cumplan lo dispuesto”, explicó Luis Mendoza, director del INR.
