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En una nota enviada al semanario montevideano, Antía sostuvo que la información es falsa y tiene intencionalidades políticas, aunque no se excusó de profundizar en este punto porque la Constitución se lo prohíbe como integrante de un ente autónomo. "La respuesta a esos agravios la daré en su debido momento", prometió.

En cambio, detalló cómo accedió a los campos que el Instituto Nacional de Colonización le adjudicó hace 30 años, en el norte del departamento de Maldonado, en qué condiciones los recibió y cómo ha logrado “una producción eficiente”. Afirmó, además, que está al día con el pago de la renta que le corresponde y aseguró, “rotundamente”, que no tiene deuda, como sostiene el artículo de Brecha.

La nota de Brecha, firmada por Rodrigo Abelenda y Juan Manuel Chaves, se refería a presuntos infractores “empresarios”, “rentistas” y “políticos” colonos. Antía fue colocado como "el caso más sonado". “Tiene un expediente abierto dentro del INC por no vivir en las fracciones que posee en Lavalleja, y además porque su principal ingreso no proviene de la explotación de esos predios, tal como establece la ley. Además, ha hecho una solicitud de canje de fracción, que no será considerado por el directorio hasta que no cancele deudas con el INC que él no reconoce”, escribieron los periodistas.

Según las leyes de colonización, “las tierras se distribuyen en base a las condiciones de los colonos, teniendo preferencias aquellos que demuestren poseer conocimientos y aptitudes suficientes para la agricultura o la ganadería y reunir características personales y hábitos de vida propios de un colono”.

Las obligaciones que deben cumplir son: pagar cuotas dentro de los plazos fijados, trabajar directamente la fracción y habitarla con su familia. Además, el INC estipula que el colono está obligado a actuar sobre la conservación de suelos, erradicación de malezas y destrucción de todo agente nocivo para la producción, especifica el artículo.

Para leer el texto completo de la carta de Antía a Brecha: