En referencia a la concreción de estas acciones, Antía afirmó que “es una forma de respetar los derechos”, además de formar parte de una política que lleva a delante la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado.
Cuando asumió la actual administración se identificaron más de 2000 casos de viviendas sin regularizar. En el marco del trabajo desarrollado, ya se alcanzaron más de 300 regularizaciones y se aspira a continuar regulando estas situaciones.