La Junta Departamental de Maldonado aprobó anoche una iniciativa del Ejecutivo para perdonar a la firma Chia la deuda por Contribución Inmobiliaria correspondiente a terrenos ocupados en La Capuera. De esta forma, habilitaron la escrituración de las propiedades que la Intendencia de Maldonado adquirió para vendérselas, con financiación, a los vecinos que las ocuparon. Por el mismo motivo, los ediles exoneraron a estos predios del pago de Tasa de Construcción.
La edila nacionalista Magdalena Zumarán (Renovación) aclaró que votó el expediente debido al “problema social” que se registra en La Capuera desde hace muchos años. Remarcó que este principio de acuerdo nació en el gobierno del Partido Nacional y consideró que la política de tierras que se desarrolla ahora no es el adecuado, porque “no hay servicios suficientes” para quienes viven en aquella zona.
“Obviamente que acá hay un particular que hizo su negocio. Lo que estamos haciendo es condonándole la deuda a un particular. Pero tiene un fin, que es lo que nos importa, que es que los vecinos de La Capuera comiencen a pagar esas cuotas para ser propietarios de los terrenos en que están. Pero no podemos olvidar que le estamos resolviendo el problema a un particular, a un empresario que hizo su negocio y que comenzará a cobrar las cuotas. Votamos este expediente porque esta es la solución menos peor” para los vecinos, señaló la edila.
Zumarán espera, por otra parte, que se resguarden los derechos de realojo de las familias que ocupan los derechos expropiados. “La intendencia está comprando un problema, está comprando tierras ocupadas. Esperamos que se firmen los acuerdos que faltan y que se empiecen a pagar y que los vecinos sean propietarios o promitentes compradores de los terrenos que están ocupando”, concluyó.
La edila oficialista Marie Claire Millán (Alianza 738) remarcó la unanimidad de la votación y la consideró “ un eslabón más de la cadena” iniciada por el gobierno departamental para “ir buscando soluciones a través de distintas herramientas legales a graves problemas de ocupación de tierras que tiene el departamento y que son de larga data. No se avizoraban soluciones hasta hace unos pocos años y desde el 2005 para acá la IDM empezó a encarar con un activo rol en la búsqueda de soluciones”, enfatizó.
Añadió que, a su juicio, la aprobación de las citadas medidas constituye “un acto de justicia” para que los vecinos comiencen a regularizar las tierras donde viven. “También hay una recuperación de parte de un crédito que la IDM tiene que se volcará para las arcas departamentales”, remarcó.