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El decreto obliga a construir de acuerdo a las normas de accesibilidad. Las vías públicas, los parques y jardines, así como los edificios de acceso público y privado, deberán contar con accesibilidad, como por ejemplo con la existencia de rampas.

También determina que los conjuntos habitacionales de cuatro o más viviendas, realizados por organismos públicos o privados, deberán incluir de forma obligatoria un mínimo de 3% de las unidades destinadas específicamente a personas con discapacidad, tanto el exterior como el interior de la casa.

Antes de votarse el decreto, según consignó La Diaria, la bancada del Frente Amplio denunció que el texto aprobado era idéntico a otro que se había votado en diciembre de 2023 y que había sido vetado por el intendente Enrique Antía con el argumento de que ya se trabajaba en una norma alternativa.

El edil frenteamplista Joaquín Garlo recordó que el texto original fue elaborado a raíz del planteo de la Comisión Honoraria de la Discapacidad de Maldonado y sugirió que el veto del intendente y el actual envío de un “proyecto idéntico” a la Junta Departamental se debió a una maniobra para atribuirse la autoría de la propuesta.