Luciana Cabrera del movimiento “Universidad para Todos” dijo a La Revista del Sábado de FM GENTE que del encuentro que el grupo sostuvo con el Rector de la Universidad de la República Rodrigo Arim surge que para la autoridad “la vida universitaria hay que vivirla”.
Cabrera sostuvo que sin embargo no hubo del rector un pronunciamiento por la negativa o la positiva en cuando a la educación a distancia, más allá de las necesidades que planteó la pandemia.
Durante el corriente mes las facultades definen como será el año 2022, por lo cual “Universidad para Todos” aguarda lo que ocurrirá.
El tema de la educación a distancia tomó un impulso a partir de un proyecto de ley “muy general”, explicó Cabrera, promovido por Cabildo Abierto.
El grupo de estudiantes propone que sólo los exámenes finales sean presenciales. Unos 4.500 alumnos de la Facultad de Derecho de la UdelaR (con un total de 14 o 15.000 estudiantes) aceptaron que necesitan de capacitación a distancia para avanzar.
Cabrera dijo que hay estudiantes de Derecho en Sacachispas y Vuelta del Palmar, y que si se hace complicado desplazarse desde Maldonado a Montevideo para asistir a clases o parciales, cuánto más para quienes están en Soriano o Rocha.
El tema son recursos
El pasado martes 28 de setiembre, una delegación de la Universidad de la República encabezada por el rector Arim, fue recibida por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.
En la oportunidad se presentó la Rendición de Cuentas y el refuerzo presupuestal que la Udelar solicita para atender necesidades urgentes de la institución.
Algunos senadores consultaron al rector sobre la posibilidad y los recursos que implicaría incorporar la virtualidad en simultáneo a la enseñanza presencial, una vez que la pandemia permita a los estudiantes retornar a los espacios presenciales.
Ante la consulta, Arim indicó que en cada servicio universitario se está analizando qué trayectorias podrían sostenerse en plataformas digitales de una manera «razonable».
«Nos preocupan las transiciones, diseñar con claridad cuáles son los espacios presenciales que requiere cada formación, pero esto requiere algunos fondos, y en esto quiero ser particularmente sincero: nosotros hemos sostenido todo lo que hemos hecho con ahorros de la presencialidad, porque no prendimos la luz en los locales», ejemplificó.
Añadió que el problema «no es de discusión si vamos a mantener canales virtuales o no, el problema es que no tenemos los recursos para hacerlo; lo que tenemos hoy, lo estamos sosteniendo con ahorros».
Asimismo, el rector aclaró que si al retornar la presencialidad se quiere mantener algún canal digital para evitar, por ejemplo, que los estudiantes que no puedan migrar hacia las sedes del interior o Montevideo dejen sus estudios, «necesitamos no solamente tener la plataforma digital, que ya nos sale dinero, sino contratar horas docentes adicionales, porque ese docente que hoy está dando clase en plataforma digital no está dando presencial.
Cuando vuelva la presencialidad, tengo que tener a ese docente dando clase en forma presencial y también en la plataforma virtual».
Agregó que «estamos volviendo a tener esos gastos propios de la presencialidad, pero tenemos que buscar una base presupuestal mínima que nos permita sostener la enseñanza virtual como complemento. No tenemos recursos para la enseñanza virtual en 2022, si habilitamos los locales universitarios, hay un montón de estas plataformas digitales que se nos caen, porque no tenemos presupuesto específico para esto», enfatizó.
Aquí cerca
En la Argentina se avanza en el análisis para una nueva Ley de Educación Superior.
En mayo pasado comenzó un proceso de encuentros virtuales, debate y consensos del que saldrán bases para el proyecto que el presidente Alberto Fernández anunció se enviará al Congreso para modificar la ley que rige el sistema educativo en las universidades e institutos universitarios hace un cuarto de siglo.
Se realizan “Cabildos por la Soberanía Educativa” en las distintas regiones del país y con la presencia de rectores, investigadores, profesores, dirigentes sindicales y estudiantiles.
La nueva ley tendrá en cuenta la interculturalidad, la internacionalización y la educación a distancia.