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La gestión de la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia, María del Carmen Salazar, fue cuestionada por el nacionalista Alejandro Lussich durante la última sesión de la Junta Departamental.

El legislador remarcó que la comuna "se comió el tiempo legal" para presentar una acción de nulidad contra la demanda de la empresa Ramón Álvarez, que sintió vulnerados sus derechos cuando se adjudicó la recolección de residuos a EcoTecno.

La semana pasada la Justicia desestimó la acción de nulidad de la Intendencia, porque llegó un día después del plazo legal estipulado para presentarla. Lussich remarcó que esto llevará a la Intendencia a un juicio por US$ 2,5 millones al que llegará "indefensa".

"Esto no tiene arreglo, como lo acaba de sentenciar la Justicia. No hay accion de nulidad que valga contra un escrito presentado fuera de plazo. La IDM ha quedado indefensa ante la demanda presentada y no podrá defender la posición del gobierno departamental", observó el edil.

Adelantó que la sentencia será perjudicial a los intereses de la IDM y lamentó que ese dinero "lo tendrá que pagar el contribuyente". Por tanto, fustigó a Salazar y la instó a "explicar lo inexplicable" en la Comisión de Legislación.

"Salazar, que cada vez que gana un juicio de 400 pesos aparece en todos los medios, esta vez no apareció. No hay explicación a la ciudadanía de por qué Jurídica no fue el 25 de abril al juzgado, fue el 26", acusó.

Destacó que si esto hubiera ocurrió en un estudio privado, seguramente el responsable no estaría más en el cargo. "Como la directora sigue sin dar explicaciones vamos a solicitar un pedido de informes para que le explique a la Junta cuál fue la causa por la cual cometerieron este error garrafal que costará una cifra millonaria", agregó.

Insistió en que Salazar "tiene la obligación" de explicar a la ciudadanía que fue lo que pasó y por qué se perderán 2,5 millones de dólares que podrían haberse destinado a obras de la comuna. "Que ponga la cara y trate de traer una explicación razonable para la ciudadanía", desafió.

CONTRATACIÓN "ILEGAL"

Lussich también se refirió a una nueva observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la contratación de la Unión de Comerciantes Minoristas (UCM) de Maldonado para la gestión administrativo-contable de 174 obreros contratados para el programa de vivienda de interés social.

Explicó que la última observación fue emitida por el TCR el 25 de abril pasado y se sumó a la anterior, registrada el 16 de enero de este año.

"La UCM administra el pago de los jornales de obreros contratados por la Intendencia para los programas de construcción de viviendas pero ese no es su objeto social, no está habilitada legalmente para hacerlo. ¿Esto cómo es?", inquirió Lussich, para destacar que el contrato asciende a 88 millones de pesos (casi 5 millones de dolares).

Aseguró que este convenio con la UCM "viola todos los artículos del TOCAF que se les pueda ocurrir" pero también vulnera las normas de contratación de personas para realizar tareas asignadas por la Intendencia.

"Utilizaron a la Unión de Comerciantes para contratar 174 personas de forma ilegal, se olvidaron del concurso, el sorteo y el discurso gastado. Agarraron otra vez por el atajo, como agarran frecuentemente con las ONG y los contratos a organizaciones civiles", fustigó el edil.

Acto seguido pidió informes a la comuna para que "aclare" las condiciones en las cuales se firmó el convenio con la gremial y si hubo procedimiento competitivo para ese contrato.

"La UCM es una asociación gremial que debe velar por los intereses de los comerciantes minoristas, no por los 171 jornales que la IDM metió por el costado para construir viviendas", insistió. Ahora quiere saber cuánto se le pagó a la institución por este convenio y si el Ejecutivo departamental seguirá reiterando el gasto observado por el TCR.
mr