El edil blanco Guillermo Ipharraguerre (Unión y Cambio) realizó una enérgica defensa de los pobladores de Cerro Pelado que tienen orden de desalojo judicial, a instancias de demandas presentadas por la intendencia. Insistió en llegar un acuerdo para suspender los lanzamientos por un año, mientras se busca soluciones a quienes quedarán sin techo. Por otra parte, advirtió sobre “gruesos errores” en el contenido del nuevo digesto municipal.
Ipharraguerre pidió avanzar en el proyecto de decreto sobre viviendas de interés social de la Intendencia, “que duerme en la comisión de legislación”, para dar respuesta a los vecinos de Cero Pelado y del asentamiento Los Eucaliptus que “reclaman soluciones”.
Paralelamente, recordó que hace un mes Unión y Cambio presentó un proyecto de decreto sobre regularización de viviendas que proponía, entre otros puntos, suspender por un año los desalojos promovidos por la Intendencia. Opinó que este gobierno dejará “un problemón” al próximo debido a la “mala administración” que hizo de estas viviendas.
Los primeros desalojos comenzaron a ejecutarse a principios de octubre y se intensificaron a mediados de mes, según informó en su momento el dirigente barrial Roberto Verde. No obstante, en la Junta Departamental, Ipharraguerre sostuvo que “arteramente, perversamente, desde el 27 de octubre están llegando desalojos y lanzamientos”.
“A la gente se le está mintiendo, se le pasó la mano y luego vino la puñalada trapera del desalojo y las apreturas. Hay 52 desalojos en el barrio. La palabra la tiene la Justicia pero también la Intendencia”, consideró el edil. “Son más de cien desalojos y no les damos solución. Suspendan desalojos y trámites judiciales por un año”, reclamó, para afirmar más adelante que el Partido Nacional está “en condiciones” de representar a esa gente porque tiene “sensibilidad y habla en criollo”.
Por último, cuestionó la calidad del Digesto Departamental, que recopila todas las normas y decretos existentes en el departamento y cuya elaboración fue encomendada a una empresa privada. “Contiene groserísimos errores jurídicos”, sostuvo Ipharraguerre, quien recordó que en su momento planteó sus dudas a la empresa consultora y no obtuvo las respuestas esperadas.