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Javier Sena, vicepresidente del organismo, dijo a FM Gente que hace un año y medio que están “trabajando en este sentido, tratando de que se tome conciencia por la población y las autoridades nacionales de que este tema es perjudicial tanto para el estado como para la inmobiliarias y el turista”.

“Este trabajo redunda en una resolución que saca la DGI, que va a empezar a inspeccionar los portales y a aquellas personas que alquilan de forma clandestina y no hayan pagado el IRPF”, agregó.

Sena pidió que “el Estado inspeccione como debe ser y aplique las normas que tiene a su disposición”, aunque lamentó que no lo hayan hecho hasta el momento.

El empresario sostuvo que “ya hubo resoluciones de la DGI por las denuncias que hizo la cámara por esta gente que trabaja en la ilegalidad y se resolvieron multas y penas”.

Además, explicó que “cerca de un 90% de los alquileres que se hacen en zonas costeras no pasan por inmobiliarias y casi todo eso no paga IRPF ni ningún impuesto” y aseguró que “el año pasado casi un 25% de los negocios del sector dejaron de funcionar”.

Por último, Sena reclamó por más voluntad política y dijo que como “todos los alquileres que se hacen por internet van por tarjeta”, los que controlan como la DGI y el Banco Central del Uruguayu pueden “chequear la entrada de dinero y ver que es por alquiler” para que se “pague impuestos”.

Cabe agregar, que como ocurre cada temporada, la DGI destinará un batallón de inspectores, en un número de 160, para realizar este trabajo en la zona Este del país, pero fundamentalmente en los balnearios del departamento de Maldonado donde puede recaudar más dinero, en virtud de los comercios y empresas que funcionan desde Solis a Laguna Garzón.