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Fernández Chaves también fue criticada por la diputada del Frente Amplio, Lourdes Ontaneda, ante lo cual respondió que la legisladora es una “atrevida”. “No la puedo conceptualizar de otra manera porque no estaba hablando de política. Estaba hablando del trabajo de una persona. Lo menos que puede hacer es agarrar mi legajo personal o pedir información funcional antes de salir a hablar cualquier disparate”, afirmó.

Ante las declaraciones de la legisladora, de que ella fue bajada de su escalafón profesional en el marco de una medida general de la administración municipal, Fernández Chaves respondió que le retiraron el grado en enero, antes de que volvieran los funcionarios que estaban en sistema de pase en comisión.

“Me incluyen en esa resolución genérica de febrero cuando vuelven las comisiones. Dice esta señora que a mí me ascendieron a profesional cuando salí en comisión con el diputado Nelson Rodríguez, lo cual es mentira. Si se hubiera tomado la molestia de averiguar en Recursos Humanos, yo me recibí de procuradora en 2004, una carrera de cuatro años, a la que le correspondía el escalafón U (cuatro años o más). Ahí me reconocieron el título como lo hicieron a otros doce funcionarios municipales que éramos administrativos”, aseguró la dirigente.

Fernández Chaves citó una resolución citada por el secretario general del municipio, Enrique Pérez Morad, y el intendente, Óscar de los Santos, donde dice que los trece funcionarios pertenecen al escalafón de profesionales universitarios.

Sobre este punto agregó que al resto de los profesionales que estaban en su situación “con nombre y apellido se los termina reconociendo presupuestalmente en el grado profesional”. “Se les regulariza la situación. ¿Quién falta? Yo. Esto está firmado el 20 de mayo de 2009 por Pérez Morad y De los Santos. En esta fecha yo ya era presidenta de ADEOM”, añadió.

Para la candidata nacionalista esta discrecionalidad se enmarca en una “clara persecución sindical”, dado que en esa fecha el gremio de los municipales presentó una serie de denuncias contra incumplimientos de la administración municipal.

“Fue justamente cuando salimos a denunciar públicamente que habían incumplido con lo acordado de la prima por productividad para pagarle a los funcionarios. Denunciamos que nos limitaron las horas de la resolución de la libertad de horas sindicales. Y denunciamos la irregularidades de la comisión de seguridad laboral, que se hacen unos estudios maravillosos de todos los problemas que hay en la Intendencia pero la Intendencia no hace nada, no es efectiva, ni presta atención a esos informes. Fue justo en enero”, denunció.

En estos momentos la dirigente presentó una acción de amparo ante la justicia por este tema. Según indicó, en una audiencia por esta causa el director general de Recursos Humanos, Roberto Pérez, dijo que la Intendencia estaba utilizando abogados y ella accedía a volver le reconocerían el título profesional. “O sea, en otras palabras, si dejaba de ocuparme del sindicato volvía al cargo profesional. Por lo tanto nosotros entendemos que esto es claramente una persecución sindical más que política”, enfatizó.

Por último, Fernández Chaves consideró que estas acciones tienen por objetivo sacarla de la campaña electoral porque la obligan a salir a dar explicaciones “atrás de cada delirante” que sale a decir “cualquier disparate” sobre su trabajo.