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El viernes 6 de octubre, el gremio de estudiantes del liceo Nº 1 de San Carlos, Maldonado, sorprendió a la dirección de la institución al desplegar una gran pancarta en la que estaba la mediática pregunta "¿Dónde está Santiago Maldonado?", en alusión al activista argentino identificado con la causa indígena mapuche, desaparecido en medio de una represión policial el 1º de agosto en la Patagonia. El texto estaba acompañado de un grabado con la cara del joven.

El subdirector del centro educativo, Fernando Mazzoni, dijo a El Observador que esa iniciativa no fue bien recibida al entenderse que podía estar en tensión con lo que establece la ley general de Educación de 2008 en su artículo 17. Allí se define el principio de laicidad que debe regir en la educación y debe asegurar, entre otras garantías, "la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias".

En tanto, los estudiantes basaron su defensa en el principio de la libertad de expresión, según ellos, avalado en el Estatuto del Estudiante. Ese documento consigna la referida libertad pero añade, en el artículo 5, que "deberá ejercerse de acuerdo con las previsiones constitucionales, legales y las del presente Estatuto".

Maldonado continúa desaparecido, pero hay versiones sobre lo sucedido, en especial en lo relativo a las responsabilidades, y esa pregunta se dirige –desde hace más de dos meses a través de una campaña que cobró dimensión internacional– al Estado argentino, a quien se acusa de estar implicado y esconder la verdad sobre su paradero .

"Están los desaparecidos en nuestra dictadura acá en Uruguay, los desaparecidos en plena democracia, la trata de blancas y otros problemas más, y estos chicos, sin embargo, deciden expresarse solamente sobre este asunto", señaló Mazzoni, al ser consultado sobre qué apreciación hizo la dirección cuando "de ninguna manera" permitió que la pancarta permaneciera más que unas horas.

La consejera de Educación Secundaria, Isabel Jaureguy, se enteró del asunto al ser consultada este martes por El Observador. Jaureguy dijo que es un hecho que puede verse desde varios puntos de vista, y que uno de ellos plantea analizar la situación como "una iniciativa de un grupo de adolescentes que se preocupa por el destino de otros jóvenes y por la defensa de los derechos humanos". Sobre la laicidad, expresó que es un principio que está definido en "términos generales", y que no se cuenta con un "aparatito que la mida".

Personalmente, dijo, no cree que la actitud de los estudiantes esté en contradicción con la ley, y aseguró que estima "correcta desde un sentido estrictamente material" la decisión de la dirección del liceo de trasladar la pancarta a la cartelera de los estudiantes, donde hoy continúa en exposición.

En tanto, Robert Silva, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de ANEP, dijo que la ley “establece claramente” que las instituciones de la educación pública deben preservarse de toda manifestación de proselitismo “como la que hubo, sin dudas, en este caso”.

Ante la propuesta de Jaureguy de interpretar la conducta de los estudiantes como un gesto de empatía hacia la presunta vulneración de los derechos humanos, propuso una situación hipotética: “¿Y si mañana ponen una pancarta en defensa de los mismos derechos, pero en Venezuela, y en contra de la dictadura de Maduro? También los tendríamos que dejar…”. Y en ese caso, siguió, el sistema educativo se estaría involucrando en un debate “del que debe participar académicamente, pero nunca tomando partido por una de las partes, siempre manteniendo la imparcialidad desde el trabajo y abordaje de los temas”.

Añadió que la dirección –en esto coincide con Jaureguy– procedió “correctamente” al determinar que la ubicación de la pancarta se restringiera a un ámbito de los alumnos. “De lo contrario, probablemente se hubiera abierto una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades por permitir esa expresión”.