Facebook Twitter WhatsApp

El legislador pidió que se aplique lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución Nacional, que establecen que cuando un daño causado al Estado haya sido ocasionado por sus funcionarios, el órgano público involucrado podrá "repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación".

Casaretto hizo referencia a la situación generada con los juicios planteados por los inspectores y el relativo a los terrenos del balneario Buenos Aires.

Indicó que "en los últimos días el país se ha enterado que la Intendencia de Maldonado acaba de perder un juicio con inspectores municipales, que reclamaban desde el año 2012 por una liquidación incorrecta de comisiones de multas de tránsito. Se están manejando cifras que rondan los U$S 12:000.000. Esto se podría haber solucionado de inmediato modificando un artículo del presupuesto departamental, sin embargo, el gobierno frenteamplista -advertido del error- optó por continuar el juicio, y un reclamo que originalmente rondaba los 11 millones de pesos -hoy con el juicio perdido- ascendería a una cifra 20 veces superior".

Por otro lado Casaretto recordó que "hace unos días la Intendencia fue llamada a conciliación por la situación planteada con propietarios de tierras en la costa del Balneario Buenos Aires. Desde el 2012 el gobierno frenteamplista decidió retirar las planillas de contribución inmobiliaria de una serie de terrenos de particulares. Ha significado una expropiación de facto, uña expropiación ilegal. Imaginémonos que un día vamos a pagar la contribución inmobiliaria de nuestra casa o nuestro apartamento y nos encontramos con que el padrón no existe. Es una ilegalidad manifiesta, que va a provocar juicios millonarios. En esta situación de la costa este del departamento de habla de un reclamo de otros U$S 12:000.000".

"Todos queremos proteger el medio ambiente y preservar zonas muy preciadas del departamento, pero tenemos que seguir los caminos legales, ya sea una expropiación o la limitación de construcciones en esas zonas, pero no de forma ilegal, violando el derecho de propiedad y exponiéndonos a juicios millonarios" señaló el legislador.

Frente a esto el diputado blanco solicitó que "se apliquen los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República por los cuales no sean los contribuyentes los que tengan que pagar estas sumas millonarias, si no los funcionarios de su peculio personal cuando hayan actuado con culpa grave como en estos casos en que han estado advertidos de la irregularidad y han persistido en el error".