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El pedido fiscal implica al entonces teniente coronel Aquiles Ulises Moraes, jefe del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce; y a sus subalternos, los mayores Juan Antonio Tucci y Julio Techera, el capitán Eduardo Giordano y el médico José Luis Braga, según divulgó el periodista Roger Rodríguez en la revista Caras & Caretas.

Tellechea también pidió el arresto internacional del entonces teniente Dardo Víctor Barrios, encargado de los interrogatorios en la unidad militar donde, de acuerdo a testigos, el dirigente del Sunca murió por torturas.

Salazar recordó que la investigación tiene 25 años en la Justicia –fue presentado en 1986 por la Comisión de Derechos Humanos de la Intendencia- y atribuyó el desenlace de este mes al intenso trabajo de la fiscal.

“Los casos dependen mucho de las opiniones del fiscal que actúa. Por ejemplo, (Miguel) Langón entiende que no existe el delito de desaparición, por lo tanto cuando era fiscal o en el caso de la madre de Macarena Gelman, archivó la causa. Cuando nos encontramos con fiscales que tienen una visión más amplia de lo que es el Derecho y como además admiten –como lo ha dicho la SCJ- que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico, entonces conseguimos que se pueda avanzar en esos casos”, señaló.

Destacó que la fiscal Tellechea es “muy estudiosa” y enterada de lo que ocurre a nivel internacional en esta materia, además de haber aplicado derechos internacionales suscritos por el país. “Por eso es que conseguimos este fallo”, enfatizó la abogada.

De todas maneras, admitió que corren contra el tiempo ya que la jueza del caso, Mariana Motta, ha sido recusada y debería haber una resolución judicial antes de noviembre próximo, para evitar que la causa expire.

“Este caso, no sabemos por qué, está irritando mucho a algunos sectores. (…) Por eso a la jueza Motta la están vapuleando e intentando sacarla del caso porque saben que es una jueza que sigue adelante, que no archiva ni chicanea los expedientes”, opinó Salazar, quien también recordó que la magistrada tiene otros casos importantes. “Serían muchos los que se beneficiarían si la sacaran.”

Motta no podrá expedirse hasta que se resuelva si se hace lugar a la recusación o si continúa al frente del juzgado. Por eso Salazar entiende que “la situación está un poco más paralizada”.

“Sabemos que esto es algo que la contraparte quiere: prorrogar esto lo más posible hasta noviembre, para intentar ahí aplicar la teoría de que no se trata de un delito de lesa humanidad y que por lo tanto prescribe. Tenemos una lucha en varios frentes, y con el tiempo también”, subrayó.