El tribunal desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado, relacionado con la exclusión del imputado durante los testimonios de los familiares de la víctima. El abogado Martín Etcheverry, representante legal de la familia de Valentina, contó en La Primera Página de La Revista de FM GENTE sobre esta situación.
El Tribunal de Apelaciones de Familia de 3º turno rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del joven condenado por el asesinato de Valentina Cancela Sarmoria.
La apelación cuestionaba la decisión del juez Vital Rodríguez, quien había ordenado la exclusión del imputado de la sala durante los testimonios de la madre, una hermana y un amigo de la víctima, a solicitud de la fiscalía.
El caso se encuentra en el juzgado letrado de primera instancia de 4º turno, especializado en violencia basada en género, doméstica y sexual de San Carlos. A principios de este año, el juez Rodríguez condenó al menor a una pena de diez años por homicidio muy especialmente agravado.
La defensa del acusado había argumentado que el retiro del imputado durante los testimonios violaba los derechos de defensa y el derecho a la asistencia legal, alegando que impedía la comunicación entre el acusado y sus abogados. La defensa también solicitó que se anularan las declaraciones realizadas en ausencia del imputado.
El tribunal de apelaciones decidió, por unanimidad, confirmar la actuación del juez Rodríguez.
Destacaron que la defensa ya había presentado un recurso de reposición en el momento del incidente, el cual había sido desestimado por el juez el 29 de febrero pasado. En la audiencia, el juez había permitido al imputado salir de la sala para evitar que viera un video del desentierro de la víctima y otros actos relacionados con la investigación.
El abogado Martín Etcheverry, representante legal de la familia de Valentina, anunció en La Primera Página de La Revista de FM GENTE que el mismo tribunal deberá próximamente pronunciarse sobre el fondo del caso, es decir, confirmar, modificar o anular la condena impuesta por el juez Rodríguez. Se espera que esta decisión se tome antes de fin de año.
La condena dictada por el juez de 4º turno establece que el acusado deberá cumplir una medida socioeducativa privativa de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo máximo de diez años, con tratamiento psicológico y psiquiátrico recomendado por los especialistas del organismo. La pena contempla el descuento del tiempo ya cumplido bajo medida cautelar y la posibilidad de modificación, sustitución o cese según corresponda.