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Citando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que se recomienda prevención, reformas institucionales y acuerdos nacionales de largo plazo para enfrentar el delito y la violencia.

Dijo que en Latinoamérica el 13% de la población se vio obligada a cambiar la ubicación de su residencia, el 30% cambió sus lugares de compra, 30% limitó sus lugares de recreación y aproximadamente el 45-65% dejaron de salir de noche, precisó.

Citando dicho informe dio algunas recomendaciones. Entre ellas alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado.

Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.

Pidió disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos.

También potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.

Mencionó las movilizaciones de vecinos del departamento preocupados por la creciente inseguridad, muertes por homicidios, por accidentes de tránsito con fuga de los responsables, hurtos, boqueteros, intentos de copamiento a domicilios. Como un aporte de la Bancada de Ediles del Partido Colorado, Lista 100, la curul puso a disposición el programa de su colectividad en esa materia.

En el mismo habla de fortalecer la seguridad jurídica y establecer normas duraderas, que es un requisito indispensable para el desarrollo, específicamente en lo que hace a las inversiones, ya sean en el tradicional mercado de la construcción como también en diversas áreas del esparcimiento y los servicios en general.

Dijo que se padece un gran déficit en este punto por parte de gobiernos anteriores, unos por medio del abuso de la concesión de excepciones, otros por un constante cambio de la normativa.

Sostuvo que los diversos servicios de seguridad, ya sean de la policía propiamente dicha, la prefectura, la policía aeronáutica, y el servicio de bomberos deben tener un tratamiento diferencial en cuanto a su preparación profesional y psicológica así como también en lo económico, que asegure la prestación de servicios de calidad evitando el drenaje de recursos humanos hacia otras áreas económicas en busca de mayores ingresos.
Agrega que Maldonado debe hacer frente a la seguridad pública en un marco de descentralización.

“Los primeros pasos se dieron con el apoyo económico y técnico a los programas de verano que se aplican desde hace años por la Intendencia Departamental de Maldonado con los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional” dijo.

Agregó que se debe articular un plan que integre coordinadamente a los mencionados Ministerios con la Intendencia y también a la sociedad en su conjunto, de forma que cada uno, desde su lugar, asuma el compromiso de establecer medidas que apunten, entre otras cosas, a asegurar la dignidad en el ejercicio de las profesiones respectivas, convirtiendo de ese modo a Maldonado en un Departamento más seguro.


Pidió implementar un Plan Integral de Seguridad Vial, que en general apuntará a la incorporación de nuevas tecnologías, educación y prevención, una mayor presencia del cuerpo inspectivo en nuestras calles, señalización racional y eficaz en las arterias de tránsito y coordinación a nivel nacional y departamental.


Foto: Archivo