El edil nacionalista Darwin Correa, vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Junta, dijo a FM Gente que la cooperativa CLIMA, que realiza el barrido de las calles en San Carlos, cobró años por sus servicios a la IDM sin estar al día con la DGI. Dijo que esta irregularidad generó una deuda de cuatro millones de pesos. Ahora, 28 integrantes de la cooperativa se quedan sin trabajo, porque no pueden volver a licitar. Destacó que se está empezando a investigar esta situación, generada durante la pasada administración municipal.
El 23 de mayo la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental recibió un planteo de los trabajadores de la Cooperativa Limpieza Integral de Maldonado (CLIMA), que denunciaron diversas irregularidades que estaban aconteciendo en la empresa. Los integrantes de la comisión, incluido el frenteamplista Enrique González, cursaron un pedido de informes a la Intendencia.
Correa, vicepresidente de esta comisión, dijo que lo que plantearon los integrantes de CLIMA, que es una cooperativa de producción, “es un hecho grave, muy desprolijo, por parte de la administración anterior de (Oscar) de los Santos. Se trata de 28 familia so 28 personas -madres jefas de hogar, discapacitados, mayores que van a tener dificultades para reinsertarse en el mercado laboral- que hoy cumplen su último día de trabajo”.
Indicó que es una cooperativa de limpieza fundada en junio de 2006, que cumple funciones en de barrido de las calles en el Municipio de San Carlos desde 2009, porque antes trabajaba en Piriápolis. Fue seleccionada a través de una licitación pública, recordó.
“Y desde ahora se quedan sin su fuente de trabajo, que es lo que más nos apena, por desprolijidades absolutas, innegables. Por eso estamos haciendo un pedido de informes desde la Comisión de Trabajo, que integramos ediles de todos los partidos, para que nos den los datos de 2009 a 2015, que es cuando sucedieron las irregularidades”.
Destacó que, la irregularidad, más allá de las desprolijidades en el manejo administrativo de la cooperativa, es que hasta abril de 2015, antes de las elecciones municipales, cobraba un cheque por caja de la Intendencia “sin tener todo lo exigido por la ley”, especialmente sin contar con el certificado único que expide la DGI. Al BPS y al Banco de Seguros se pagaba.
Agregó que esta cooperativa mantiene una deuda con la DGI de más de cuatro millones de pesos, según los propios integrantes. Al BPS y al Banco de Seguros se le pagaba. “Lo que es extraño es que la Intendencia pague a una empresa un cheque importante por ventanilla sin certificar que se esté cumpliendo con la ley. Y no lo pagó un mes… Lo pagó años”, afirmó.
Destacó que esta situación no le permite a la cooperativa licitar nuevamente con la Intendencia, “porque quedaron por fuera del sistema”.
“Queremos que se investigue. Es un hecho no menor. Es grave”, afirmó.
Acceda a la nota presentada por la comisión: