En audiencia pública cumplida este miércoles en sede penal del Centro de Justicia fue condenado, como autor de un delito continuado de fraude, José Luis Bringa, funcionario del área de registro de vehículos de la IDM. El caso se había originado en agosto cuando en esa dependencia se constató una maniobra por la cual habían "desaparecido" o "dado de baja" deudas de patente de rodado a varios vehículos.
La fiscalía de 1º turno de Maldonado llevó adelante la investigación que incluyó declaración de testigos, recopilación de evidencia y elementos que corroboraron las maniobras denunciadas y la responsabilidad del imputado.
De acuerdo a lo informado en su momento por FM GENTE, Bringa habría aprovechado una "falla del sistema" por la que daba de baja a un vehículo con deuda de patente de años anteriores y en curso, y luego de que la deuda "desaparecía" del registro, hacía transferencia u otro trámite como cambio de chapa, para volver a dar de alta al mismo vehículo y sólo se cargaba la deuda del año en curso. En los hechos, había montos de deudas que desaparecían.
Si bien el funcionario negó en principio su responsabilidad y adujo que otros habían utilizado su usuario y clave del sistema, finalmente terminó acordando con fiscalía y declarándose culpable de un delito continuado de fraude.
La pena impuesta es de 24 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba de la siguiente manera: 16 meses de arresto domiciliario total con uso de sistema de monitoreo electrónico y 8 meses de libertad con medidas preceptivas (fijar domicilio, presentación en seccional de la jurisdicción, obligación de cumplir con tareas comunitarias).
Asimismo, y como parte de la pena impuesta, Bringa deberá pagar 200 Unidades Reajustables y sobre él pesara inhabilitación para ocupar cargos públicos por el plazo de 6 años.
Por otra parte, a raíz de este caso se sustanciaba una investigación administrativa en el ámbito de la IDM. La conclusión del tema en el ámbito penal incidirá en el cierre del tema administrativo y no se descarta que desde el ejecutivo pueda enviarse a la Junta el pedido de destitución del funcionario.