Un tribunal de apelaciones dejó firme el fallo en primera instancia del juzgado penal de 10º turno por el cual un funcionario fue condenado como autor de un delito continuado de peculado a once meses de penitenciaría con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Los otros tres funcionarios condenados en la misma causa por el mismo delito no apelaron el fallo en primera instancia.
El fallo fue apelado por el abogado defensor del funcionario para quien la sentencia vulnera el principio de proporcionalidad, en tanto se excede en la pena, por supuestamente haber “recibido una propina” o “compartido un asado”.
La fiscal Mariela Núñez rechazó el planteo del abogado defensor al recordar que tanto el apelante como los otros tres condenados integraban una cuadrilla de trabajo de caminería rural.
DESVIADOS
Al respecto, la fiscalía señaló que los cuatro funcionarios realizaron durante un período de tiempo que no se pudo determinar, diferentes maniobras, utilizando las máquinas y materiales (destinados a obras de caminería vial) de la Intendencia, para provecho propio.
La fiscal recordó que fue la propia Intendencia, cuyos técnicos siguieron los viajes del camión por GPS, quien constató la maniobra. Los cuatro funcionarios fueron acusados y luego condenados por emplear maquinaria y un camión municipal para desviar al menos cincuenta viajes hacia un predio privado.
El material, en lugar de ser empleado para realizar tareas de mantenimiento de la caminería rural, fue desviado a un predio privado.
“En fecha que no se puede determinar con exactitud en el año 2015, los acusados utilizaron maquinaria de la Intendencia y vendieron material de la misma a particulares o dieron material a cambio de propina en otros casos, sin autorización de la Intendencia respectiva. Esto sucedió en más de una oportunidad”, sostuvo la sentencia.
A raíz del seguimiento de dichos camiones por GPS se pudo constatar que los mismos cargaban el balastro nuevo en el predio municipal y luego seguían de largo por Ruta 12, pasando por el lugar de acopio, doblaban a la derecha 500 metros aproximadamente en un terreno privado. Asimismo, se constató que el terreno era también cargado desde el lugar de acopio al lado de la ruta y era trasladado al mismo terreno privado.
Luego se pudo precisar, a través de la misma investigación, otros terrenos particulares donde se descargaba material municipal. Según lo declarado por uno de los involucrados, y según los seguimientos, se habrían desviado al menos cincuenta camiones, a un costo de cuatro mil pesos por camión, significando una pérdida para la Intendencia de doscientos mil pesos.
Marcelo Gallardo, Correo de Punta del Este y FM GENTE