El edil colorado Juan Eduardo Silvera dijo a FM Gente que la bancada de su sector está predispuesta a apoyar, en general, los proyectos de construcción elevados a la Juna Departamental por el intendente Enrique Antía. No obstante aclaró que las excepciones se van a analizar caso por caso y se votarán si son razonables. “Tampoco vamos a aprobar cambios que signifiquen simplemente que alguien pueda vender sus inmuebles más caros”, precisó.
Destacó que, “en principio, estamos dispuestos a apoyar” estos proyectos de construcción que elevó a la Junta Departamental el intendente Enrique Antía. Queremos fortalecer la inversión en todo lo que redunde en trabajo para la población, pero vamos a ver cada caso concreto”, explicó Silvera.
Dijo que en otros momentos se han autorizado proyectos “que nos han parecido un atentado a le ecología, a la vista de Punta del Este… El edificio al lado del puente de La Barra, por poner un ejemplo emblemático”.
“Pero si las excepciones son razonables, las aprobaremos. Tampoco estamos dispuestos a aprobar cambios en la normativa que impliquen, simplemente, que alguien puede vender sus inmuebles más caros”, agregó.
“Si las excepciones son pequeños apartamientos de la regla general, y permiten que alguien lleve adelante ese proyecto, no habría problema”, aclaró.
El edil señaló que los colorados no están en una postura de oposición “a todo lo que venga del gobierno departamental”. Recordó que, en diciembre, votaron junto a los blancos “la exoneración del ‘retorno por mayor valor’. Eso fue antes de las exoneraciones que dispuso el gobierno nacional. Nos parecía una forma de favorecer la inversión, reduciendo la carga tributaria”. Indicó que, “en ese sentido, nosotros, tenemos una postura favorable”.
ACUERDO DE LA IDM CON EL ABOGADO
En las últimas horas, se informó que el Tribunal de Cuentas observó el arreglo económico que llegó la Intendencia de Maldonado para reparar la carrera del abogado Hugo Alvez y evitar el juicio iniciado por el profesional, tema que había motivado en su momento un pedido de informes del edil Silvera.
En otro orden, el curul recordó que el año pasado trascendió en la prensa que “un abogado habría ganado un juicio por medio millón de dólares contra la Intendencia”. Dijo que las averiguaciones le permitieron comprobar que no era cierto.
Expresó que en su lugar se determinó que había un expediente con un reclamo hacia la Intendencia, que a su vez hacía lugar al planteo “a cambio que se dejara sin efecto un juicio que había en la órbita Civil de Maldonado y en lo Contencioso Administrativo”.
Informó que la IDM le hizo llegar el expediente, en el que se puede observar que se hizo “una transacción” a cambio de una suma de dinero, por lo que según la ley, “debe ser aprobada por la Junta Departamental”.
Precisó que primero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había dispuesto el reintegro del abogado y que se siguiera el sumario. Pero en la segunda etapa el juicio no terminó, porque se arribó a un acuerdo entre las partes.
“Se llegó a un acuerdo por dinero sin cumplir los trámites correspondientes. Los formalismos existen para controlar que las cosas se hagan regularmente. La transacción la tiene que aprobar el juez para ver si se cumplió con la legalidad. Además, tiene que pasar al fiscal letrado departamental, Y además, por la Junta Departamental. Y además, el Tribunal de Cuentas analiza la legalidad de gasto. Y todos esos controles externos no se cumplieron”, subrayó.
Informó que “hay posturas divergentes sobre el monto que debió haberse pagado”, ya que “el Frente Amplio sostiene que no hay que pagar nada, el Partido Nacional que está todo bien pago y nosotros sostenemos que no hubiéramos hecho una transacción por ese monto”
Manifestó que, ahora, el Tribunal de Cuentas aclara que “no hubo ninguna sentencia” sino una transacción, pese a que el año pasado se dijo que el pago se había realizado en cumplimiento de un fallo judicial. Y también señaló que no se realizó una investigación administrativa para determinar las eventuales responsabilidades que podría haber llevado a esta situación que motivó el reclamo del profesional.