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Salaverry calificó de “moderada” la expectativa de los mandos comunales referida a los ingresos tributarios de la Intendencia, y asoció esa actitud de la actual administración departamental a las medidas que ha estado tomando en materia económica y financiera el gobierno argentino de la presidente Cristina Fernández viuda de Kirchner, y sus repercusiones en Uruguay.

“Lo que vamos a tener que hacer a principios de este año (2013) es un ajuste presupuestal, un ajuste que permita ver qué obras se van a poder hacer, y que otras obras no se van a poder hacer, porque en definitiva lo que está previsto es que el déficit se mantenga en el nivel actual, o se reduzca, pero que no aumente”, subrayó.

Mencionó la teoría económica clásica: las variables de ajuste son una mejora de la recaudación, ajustar el gasto vía atrasar o postergar algunas obras que estaban previstas en el presupuesto, o una combinación de ambos instrumentos.

En una clara alusión a que se está trabajando con un supuesto de reducción de las recaudaciones de tributos que sustentan el gasto municipal, Salaverry reveló que han estado analizando la forma de acelerar, de forma planificada, el otorgamiento de los finales de obra que se construyen en el departamento.

El objeto de acelerar ese trámite es que las construcciones dadas de alta, comienzan de inmediato a pagar impuestos, admitió el funcionario. Dijo que por esta vía se podrá compensar alguna morosidad de propietarios argentinos complicados por las medidas que se adoptan en su país.

La Intendencia no tiene servicio de inspectores municipales para el control del tránsito en horas de la noche en los barrios donde se han producido ataques a esos funcionarios, reveló Salaverry. Aunque no identificó esas zonas, inscribió el fenómeno en una realidad nacional que se está dando en todos los departamentos. Mencionó el caso de Tacuarembó que clausuró ese tipo de inspecciones al caer el sol por razones idénticas a las que se esgrimen en Maldonado.

Afirmó que una solución transitoria será la contratación de policía eventual, una fuerza prevista en la ley de Presupuesto departamental, que estableció sustituir el respaldo a servicios que eran asistidos por el 222 (policías contratados fuera de la hora de servicio para realizar funciones de seguridad en zonas determinadas por los contratantes), con la creación de una nueva comisaría. Está previsto que el servicio 222 terminé de funcionar en 2015.

Dijo que se está formando personal para integrara esa nueva comisaría eventual, que una vez que se tenga al personal se designará un comando, y que en función de la demanda que tenga ese servicio se podrá crear una sub comisaría. La función de la policía eventual incluye, entre otras, la de dar apoyo al trabajo de los inspectores de tránsito.

Salaverry admitió que existen pocos interesados que se hayan presentado en las últimas licitaciones públicas en los últimos tiempos, pero adjudicó eso, entre otros factores, a que en épocas de dinamismo económico, los empresarios pierden interés en contratar con el Estado. Afirmó que existe un desfasaje entre los precios que se pretenden en esos llamados y los que establece el mercado.

Señaló que hay un trabajo conjunto con la Cámara de la Construcción se fijaron dos caminos para enfrentar esta realidad. Por un lado, se empieza a hacer un análisis más fino de la forma cómo quienes licitan estructuran los precios que presentan. Admitió que muchos operadores le recargan los costos a la Intendencia para compensar que esta paga muchas veces con cierto atraso. Pero dijo que esos recargos, en algunos casos, se han constituido en incrementos de hasta 50% del valor real de obra, que finalmente terminará pagando el contribuyente.

Agregó que el otro camino es resolver el problema de que se presentan pocas empresas a las licitaciones. Para esto se está preparando una estrategia de mayor promoción de las licitaciones. “Si no estamos a ciegas, con precios de escritorio que no se condicen con los que el mercado da”, señaló.

Maldonado creará desde el 3 de enero un servicio de Defensa del Consumidor, destinado específicamente a los turistas que visitan el departamento, dijo. Señaló que el ministerio de Economía y Finanzas ya designó a un abogado-escribano que estará al frente de esa oficina, y que el 3 de enero se hará público que todas las denuncias tendrán un trámite electrónico que permitirá dos cosas: darle continuidad al trámite que se pone en marcha frente a denuncias de usuarios que hacen las denuncias, y el expediente electrónico que permitirá a los turistas continuar el trámite con la Liga de Fomento de Punta del Este como apoderada de los intereses del visitante.