La Intendencia de Maldonado pidió a la Junta Departamental anuencia para destituir a un funcionario acusado de robar un banco en el cementerio de San Carlos. El expediente deberá tratarse en la sesión de este martes pero, según supo FM Gente, blancos, colorados y parte del oficialismo tienen motivos para no votar el despido del funcionario presupuestado.
El funcionario fue inicialmente procesado por la Justicia por el hurto de un banco de la Necrópolis de San Carlos, por lo cual la Intendencia abrió un sumario administrativo cuya conclusión es que debe ser despedido porque incurrió en una falta grave. Por ese motivo, el expediente con la solicitud de anuencia para tomar esta medida fue enviado a la Junta Departamental y debería ser tratado este martes.
Sin embargo, ediles de la oposición consultados por FM Gente afirmaron que, en los hechos, el funcionario procesado en primera instancia fue luego sobreseído por la Justicia. Así que no están dispuestos a votar la destitución. En la misma línea se expediría parte de la bancada oficialista, adelantaron.
El funcionario en cuestión fue denunciado el año pasado por el encargado de la Unidad de Obras del municipio carolino, Roberto Pérez, por haberse llevado un banco a su casa y por sustraer luminarias del cementerio.
La Justicia, en primera instancia, imputó al municipal un delito de hurto por la sustracción del banco (que fue encontrado en su casa), aunque no se pudo probar que también hubiera tomado las luminarias.
Paralelamente, la administración decretó la suspensión preventiva del funcionario durante seis meses, con la retención de los medios sueldos, mientras se instrumentaba un sumario. También se decidió investigar la conducta de cinco compañeros de trabajo que dijeron estar al tanto de los hechos.
"La conducta del funcionario fue absolutamente contraria a los principios que deben regir el ejercicio de la función pública, cuya finalidad última es favorecer el bienestar general y no el beneficio de los intereses personales de un funcionario en particular", señala la resolución.
Para la intendencia es claro que el funcionario incurrió en una falta administrativa grave y perdió "la aptitud moral requerida para el desempeño de su cargo, correspondiendo disponer la máxima sanción de destitución". Para esto, en atención con su calidad de funcionario presupuestado,
requirió al Legislativo Departamental la anuencia correspondiente.
Sin embargo, este martes varios ediles afirmaron a FM Gente que el trabajador fue sobreseído por la Justicia en una segunda instancia y por eso no estarían dispuestos a votar su destitución.
mr