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Salaberry, quien el viernes 5 asumirá como intendente de Maldonado, subrayó que en Cerro Pelado hay más de 1.000 viviendas sin escriturar y que 50% de las residencias están ocupadas en forma irregular. En ese contexto, admitió que las 13 firmadas este martes “parecen poco” pero también consideró que son un estímulo para la regularización de otras propiedades.

El jerarca destacó que “son pocos los que han terminado de pagar” sus viviendas. En los hechos, la cifra no supera los 70 vecinos. “Para el municipio esta es la punta del iceberg”, señaló. Entre otras dificultades para lograr una mayor escrituración de viviendas, el jerarca subrayó que las gestiones administrativas ante el Banco de Previsión Social (BPS) estuvieron “muy trabadas hasta meses atrás” porque muchas de las casas no habían sido declaradas y hubo que regularizar la situación.

“Empezamos en 2006 un trámite en BPS con una carpeta armada tras un relevamiento en el barrio. El directorio envió arquitectos y escribanos para ver el tema en territorio y no se pudo resolver el asunto globalmente porque había dentro del barrio construcciones que no son de interés social”, explicó. Esto obligó a pedir certificados en forma individual y, además, cada adjudicatario tuvo que gestionar la escrituración con un abogado. “Eso complicó las cosas y por otra parte hizo que a fin de año se desfasaran algunas escrituras”, argumentó Salaberry.

NO MÁS EXCUSAS

El director de Integración enfatizó, además, que las viviendas escrituradas son un ejemplo a seguir por otros ocupantes irregulares del barrio. “Hoy se van con la escritura porque son propietarios, algo que estuvo en duda durante mucho tiempo. Eso es en general, para cualquiera”, alentó.

Salaberry recordó que pagar la vivienda está al alcance de todos, ya que el decreto enviado a la Junta Departamental por el Ejecutivo establece cuotas que van desde los $ 300 a los $ 2000, según los ingresos del interesado. “Con esto se despejan las excusas o razones para que la gente no pague. Ahora, en un proceso cuerpo a cuerpo que es mayor a cinco años, tenemos que resolver la incorporación al sistema de pago. Esto permitirá a la IMM reinvertir en la construcción de nuevas viviendas.”

COOPERATIVISTAS POCO ACTIVOS

El futuro intendente admitió que hay “un atraso importante” en la planificación quinquenal. Sostuvo que, al cierre de esta administración, faltará cumplir el 40% de los planes de vivienda y atribuyó el hecho a dos factores: las demoras en los trámites y licitaciones, y la falta de actitud de los cooperativistas.

Por un lado, Salaberry dijo que la ejecución de obras se retrasó a raíz de los engorrosos trámites de compra de tierras y escrituración a favor de la intendencia, más las repetidas licitaciones para comprar materiales. “Hubo que hacer cuatro licitaciones porque en el boom de la construcción a nadie le interesaba venderle materiales a la IMM. Eso demoró más de un año y medio los planes.”

Por otro lado, aseguró que en el sistema de construcción por ayuda mutua hubo “problemas de concepción” de este ideal cooperativo.
“Estamos muy lejos en la sociedad uruguaya en ser cooperativistas 100 %. La gente se descansa o no va a la obra”, dijo, a modo de ejemplo. Consideró, además, que en Maldonado el sistema es tan exigente como el programa MEVIR (aplicado para la construcción de viviendas rurales) y que al mismo tiempo hay muchas jefas de hogar con hijos, que no tienen una red familiar y cuya asistencia a las obras es difícil.

“Hemos tenido bajas y deserciones, lo cual atrasó. Además, incorporar otras familias también implica capacitación previa y más trámites”, relató. En total se han entregado 115 viviendas y se espera sortear unas “40 o 50 más en los próximos días”, adelantó Salaberry. Agregó que unas 500 están en construcción y que en julio se incorporarán 100 o 200 viviendas más. “Faltará un 40% para llegar a lo planificado”, afirmó.