La Coordinadora 8M Maldonado realizó este viernes un conversatorio denominado “El Estado contra las víctimas. Proyecto de Presidencia para modificar el Código de Proceso Penal”, en la Junta Departamental de Maldonado.
La instancia tuvo como objetivo analizar la reforma del Código de Proceso Penal que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento y que generó cuestionamientos de más de 30 organizaciones sociales y feministas de Uruguay.
El encuentro contó con la participación de Teresa Herrera, Soledad Suárez Navas, María De La Paz Echetto, Ivanna Messano e Ignacio Barlocci, quienes expusieron sobre el posible impacto de los cambios planteados en la situación de las víctimas.
Irene Goncalves, integrante de la Coordinadora 8M Maldonado, explicó a FM GENTE que la actividad surgió a partir de la preocupación manifestada por organizaciones civiles ante una reforma que, según entienden, “deja en una condición muy particular a las víctimas”.
Señaló que para el movimiento de mujeres resulta especialmente relevante analizar estos cambios debido a la cantidad de casos en los que es fundamental preservar a las personas afectadas por delitos y también a sus hijos.
Goncalves indicó que este tipo de encuentros ya se realizaron en otros departamentos y que existe una discusión a nivel nacional sobre el proyecto. “No es la primera vez en que se afectan derechos, se vulneran derechos de poblaciones que ya tienen dificultades para acceder a ellos”, expresó.
Según sostuvo, una de las principales preocupaciones es que las modificaciones puedan generar situaciones donde “la víctima se convierte inmediatamente en sospechosa”, lo que implicaría, a su entender, un retroceso respecto a los avances logrados en materia de protección.
Durante la actividad también expuso la abogada Soledad Suárez Navas, magíster en litigación estratégica por la Universidad de Salamanca y docente de la Universidad de la República, quien explicó el análisis realizado junto a otros profesionales sobre la iniciativa.
La especialista señaló que ese trabajo derivó en un informe que fue presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos por legisladores de distintos partidos políticos.
Suárez Navas sostuvo que, a su entender, el problema no se limita a una cuestión de redacción del proyecto, sino que responde a que “no tiene perspectiva de víctimas”.
En ese sentido, cuestionó que durante la elaboración de la iniciativa no se haya convocado a víctimas, organizaciones sociales ni especialistas vinculados a esa temática.
La abogada explicó que las observaciones abarcan a víctimas de distintos delitos, como rapiñas, estafas, homicidios, situaciones vinculadas al crimen organizado y casos donde existen factores de vulnerabilidad por violencia de género, edad o condiciones económicas.
Uno de los aspectos señalados durante la exposición fue la posibilidad de que algunos artículos habiliten investigaciones sobre las propias víctimas o terceros, además de establecer eventuales responsabilidades civiles o penales relacionadas con la difusión de información.
También manifestó preocupación por el alcance de las disposiciones vinculadas a la reserva de las investigaciones y su posible impacto sobre la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Planteó que el camino debería estar vinculado a mejorar los controles, capacitar a los operadores y revisar los mecanismos existentes, en lugar de incorporar medidas que puedan generar temor entre quienes participan del proceso judicial.
La instancia tuvo como objetivo analizar la reforma del Código de Proceso Penal que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento y que generó cuestionamientos de más de 30 organizaciones sociales y feministas de Uruguay.
El encuentro contó con la participación de Teresa Herrera, Soledad Suárez Navas, María De La Paz Echetto, Ivanna Messano e Ignacio Barlocci, quienes expusieron sobre el posible impacto de los cambios planteados en la situación de las víctimas.
Irene Goncalves, integrante de la Coordinadora 8M Maldonado, explicó a FM GENTE que la actividad surgió a partir de la preocupación manifestada por organizaciones civiles ante una reforma que, según entienden, “deja en una condición muy particular a las víctimas”.
Señaló que para el movimiento de mujeres resulta especialmente relevante analizar estos cambios debido a la cantidad de casos en los que es fundamental preservar a las personas afectadas por delitos y también a sus hijos.
Goncalves indicó que este tipo de encuentros ya se realizaron en otros departamentos y que existe una discusión a nivel nacional sobre el proyecto. “No es la primera vez en que se afectan derechos, se vulneran derechos de poblaciones que ya tienen dificultades para acceder a ellos”, expresó.
Según sostuvo, una de las principales preocupaciones es que las modificaciones puedan generar situaciones donde “la víctima se convierte inmediatamente en sospechosa”, lo que implicaría, a su entender, un retroceso respecto a los avances logrados en materia de protección.
Durante la actividad también expuso la abogada Soledad Suárez Navas, magíster en litigación estratégica por la Universidad de Salamanca y docente de la Universidad de la República, quien explicó el análisis realizado junto a otros profesionales sobre la iniciativa.
La especialista señaló que ese trabajo derivó en un informe que fue presentado ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos por legisladores de distintos partidos políticos.
Suárez Navas sostuvo que, a su entender, el problema no se limita a una cuestión de redacción del proyecto, sino que responde a que “no tiene perspectiva de víctimas”.
En ese sentido, cuestionó que durante la elaboración de la iniciativa no se haya convocado a víctimas, organizaciones sociales ni especialistas vinculados a esa temática.
La abogada explicó que las observaciones abarcan a víctimas de distintos delitos, como rapiñas, estafas, homicidios, situaciones vinculadas al crimen organizado y casos donde existen factores de vulnerabilidad por violencia de género, edad o condiciones económicas.
Uno de los aspectos señalados durante la exposición fue la posibilidad de que algunos artículos habiliten investigaciones sobre las propias víctimas o terceros, además de establecer eventuales responsabilidades civiles o penales relacionadas con la difusión de información.
También manifestó preocupación por el alcance de las disposiciones vinculadas a la reserva de las investigaciones y su posible impacto sobre la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Planteó que el camino debería estar vinculado a mejorar los controles, capacitar a los operadores y revisar los mecanismos existentes, en lugar de incorporar medidas que puedan generar temor entre quienes participan del proceso judicial.
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