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En otro orden, días pasados el Poder Judicial adquirió por medio de procedimientos de compra públicos y abiertos, dos inmuebles en la ciudad de Maldonado logrando así reducir la costosa matriz de arrendamientos que mantenía en este departamento.

Con una inversión promedio de 51.508 pesos por metro cuadrado (USD 1.275 por metro cuadrado al momento de la oferta), muy por debajo del promedio del mercado inmobiliario departamental e incluso nacional, y con la correspondiente intervención del Tribunal de Cuentas de la República, el Poder Judicial compró la espaciosa unidad 001 de la esquina de Román Guerra y Arturo Santana (lugar donde hace algunos años funcionaron los juzgados penales) y la unidad 002 del mismo padrón, ubicando allí respectivamente a los Juzgados Letrados de 1º, 3º y 8º Turnos (Familia), y a la Oficina Central de Notificaciones y archivos.

Mediante la compra y alquiler de estos inmuebles, el Poder Judicial dejó de alquilar el edificio San Lázaro, ubicado en Sarandí casi Ledesma, luego de 21 años de uso de dicho inmueble y dando cumplimiento al último de los contratos de arrendamiento con plazo de 8 años.

Dicho arrendamiento, que en el último ejercicio ascendía a 1.128.919 pesos mensuales (USD 28.947 mensuales) era el más elevado de todo el país, y en un inmueble con importantes problemas edilicios que, entre otros, obligó en 2019 a que la SCJ declarara tres días inhábiles luego de la intervención de Bomberos y de UTE por importantes filtraciones de agua en varios sectores, debido a la rotura del tanque de abastecimiento ubicado en la azotea del edificio; sumado a otros problemas de mantenimiento cuyo tratamiento requirió incluso acudir a la órbita judicial.

En cuanto a esta decisión del Poder Judicial, Gury dijo que se aplicó un “criterio economicista”, para abaratar los costos de los alquileres quedando disgregados los mencionados juzgados en distintos edificios.

“Esto genera muchas dificultades”, señaló, no solo para los abogados y jueces sino también para las personas.

El presidente saliente también destacó la problemática del estacionamiento en el centro de Maldonado y la accesibilidad, ya que el Juzgado Laboral y de Familia cuentan con escaleras. Carecen de salas de espera por lo que los usuarios aguardan su turno en la calle.

Gury sostuvo que, el servicio de justicia tendría que estar acorde con el gran crecimiento del departamento de Maldonado, pero no ven que las autoridades apuntan a mejorarlo. Recordó que, en el pasado había dependencias del Poder Judicial en varios puntos.

El Poder Judicial también informó que se realizaron procedimientos públicos y abiertos para el arriendo de otros dos inmuebles a los efectos de dar asiento a las sedes Civiles y Laborales. Como resultado se alquilaron oficinas en el edificio Arcos del Vigía, ubicado en la calle Zelmar Michellini, entre 25 de Mayo y Rafael Pérez del Puerto (donde otrora funcionó la Defensoría Pública), instalándose allí los Juzgados Letrados de 7º y 9º Turnos (Laboral), y se alquiló también el amplio inmueble de la calle 25 de Mayo nº 723, donde ya están funcionando los Juzgados Letrados de 5º y 6º Turnos (Civil) junto con el archivo de protocolos, y donde también se le ha cedido en comodato un espacio de oficina al Colegio de Abogados de Maldonado.

En relación a la adjudicación de recursos, el presidente saliente dijo que el Poder Judicial “históricamente ha visto retaceado sus recursos y, por lo tanto, se le dificulta realizar todo este tipo de edificaciones y adquisiciones”, señaló en base a un proyecto que manejaron en su momento de la construcción de tres torres.

El Colegio de Abogados de Maldonado no cuenta con ningún tipo de potestad para realizar cambios, solo se limitan a plantear inquietudes a la Corte Electoral. Para Gury, deberían ser tenidos en cuenta porque son conocedores directos de la situación y plantear la mejor solución para cada uno de los casos.

En cuanto a la situación del edificio San Lázaro, dijo que presentaba ciertos problemas tras su incendio y que no era el lugar ideal. “Desde nuestra perspectiva de los socios estábamos mejor antes que ahora. Estábamos en un edificio único, con todos los juzgados (…) con mejores condiciones que ahora”, expresó.

En otro orden, se refirió a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal y afirmó que generó un cambio sustancial en el servicio de justicia, con el método de asignación de fiscales como principal problema. Además, manifestó que “se han categorizado los delitos”.


Foto: Poder Judicial