Facebook Twitter WhatsApp

Acusaron a los nacionalistas de querer solventar así los gastos ocasionados por sus cargos de confianza y sostuvieron que no entregarán un cheque en blanco al actual gobierno votando ningún fideicomiso hasta tanto no se conozca el resultado final de la auditoría que realiza el TCR en la IDM por pedido de la Junta.


De los Santos reclamó que la auditoría privada y la propia del Tribunal de Cuentas publiquen “rápidamente” la información sobre el déficit y recordó que esa proyección se hizo “en cuestión de días”, en junio de 2005, cuando cambiaba el gobierno del Partido Nacional al del Frente Amplio. “Y hoy la maneja el Tribunal de Cuentas como información oficial”, indicó.

De todas formas, precisó que el déficit “siempre lo manejamos como parte de la estrategia del desarrollo, porque la inversión en el último quinquenio fue de 4.500 millones de pesos. Y podíamos haber invertido 1.400 millones de pesos y el déficit no existía. Pero hay un défict heredado de la administración del Partido Nacional, que tomamos como definición política mantenerlo, sobre la base de incrementar la inversión. Y pasamos de una inversión que significaba el 14% de la recaudación al 26%. Casi duplicamos la inversión”.

Dijo que también se logró reducir los gatos de funcionamiento, en el “rubro cero”, teniendo casi 400 funcionarios menos, “lo que va a ser modificado por el gobierno actual”, apuntó.

“El déficit pasó del 48%, en ‘números redondos’, al 29%. Y el ‘rubro cero’. Que significaba el 49%, pasó a menos del 39.”, resaltó.

De los Santos también señaló que el Tribunal de Cuentas agrega que “el presupuesto 2016-2020 prevé un monto superavitario equivalente a 1417 millones de pesos, que es la amortización del déficit”. Dijo que “ahí se advierte cuál es el déficit “aunque la Intendencia no lo diga”.

Manifestó, además, que este gobierno no realizó el plan de refinanciación de deudas en el segundo semestre del año pasado, lo que hubiera permitido reducir el déficit, por “clara decisión política de no aumentar los ingresos”, porque ahora se contabiliza en este nuevo período. “Fue una clara decisión política. No es un error técnico”, destacó.

Indicó que si se quiere reducir el déficit este gobierno debe definir “si va a vender la tierra para pagar la línea de crédito del Centro de Convenciones o para construir viviendas”.

El exintendente indicó que en el actual presupuesto se expresa “el pago del acuerdo político con la Concertación. La Intendencia incrementó los cargos de confianza de 78 a 108 y prevé gastar en el ‘rubro cero’ el equivalente a 700 millones de pesos en el quinquenio. Así va a gastar esta administración los esfuerzos de mantener el déficit que hicimos y de bajarlo en relación a la recaudación… Nosotros gastábamos 306”, explicó.

Consideró que este gobierno municipal “acaba de perder un nivel más de credibilidad”, porque aduce que el déficit es de 93 millones de dólares con el fin de obtener “carta blanca” para un fideicomiso por 80 millones de dólares, “cuyo destino no parece estar destinado a la inversión ni a elevar la calidad de vida y de servicios, sino al pago de favores políticos, al ‘clientelismo’ y a la discrecionalidad a favor de los que más tienen. Esa es la decisión que tomó este gobierno cuando comenzó esta campaña de difamación”, afirmó.

Hernández, que ejerció el último tramo del gobierno anterior, ratificó lo expresado en la Rendición de Cuentas realizada a una semana de abandonar el cargo.

“El déficit dejado cuando nos retiramos es igual o menos al que recibimos en 2005”, aseguró. Y señaló que la relación entre la intendencia y las instituciones financieras “estaba totalmente saneada” y aseveró que se hizo una transición ordenada, para evitarle problemas en este ámbito al nuevo gobierno.

González indicó que estos datos sobre el debatido déficit acumulado que se han conocido están contenidos en un documento del Tribunal de Cuentas que se tramitó por otro asunto, pero representan la “la primera proyección oficial” sobre este asunto.

Sostuvo que la cifra de un déficit de 1.400 millones de pesos, que estima el Tribunal de Cuentas, es similar a la que el Frente Amplio recibió cuando asumió el gobierno y está dentro de lo que se había anunciado como previsible por parte de la anterior administración. Subrayó, además, que esta cifra representa el 29,5% de la recaudación de un año. “Por supuesto que sería preferible no tenerlo, pero no representa una situación de ahogo absoluto”, aseguró.

Destacó que el Tribunal “establece en forma aproximada” el déficit en 1.400 millones de pesos, “porque la auditoría completa no ha sido aún culminada”.

Indicó que en este debate “lícito” sobre el déficit, las actuales autoridades prefirieron agregar los “compromisos no ejecutados” a los efectos “de que la cifra final fuera mayor”, lo que no está contemplado en la metodología de medición usada por el tribunal de Cuentas.

Explicó que “nadie pensaría que un contrato no ejecutado es una deuda. ¿Cuándo se convertirá en deuda? Cuando se ejecute… Y es por eso que este tipo de concepto nunca forma parte del cuadro 3 24 ni del resultado del ejercicio” que analiza el Tribunal de Cuentas. “La intención fue ‘inflar’ el déficit de la Intendencia”, enfatizó.

Señaló que la actual administración contrató una auditoria privada, pudiendo haber recurrido al propio Tribunal de Cuentas yo a la Auditoria General de la Nación en forma gratuita, que después de cobrar sus honorarios dijo que lo realizado por los funcionarios de la Contaduría “estaba bien. Por supuesto que bien se cuidaron de decir en la primera línea de su informe que el cuadro e Contaduría y las cifras que habían visto no coincidían con la Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas. O sea, que no estaba hecho como se acostumbra hacerlo en las cifras de la contabilidad municipal, de Maldonado y de todas las intendencias del país”, añadió.

Dijo que, con este mismo fundamento, se reclamó un fideicomiso de 80 millones de dólares. “Y después se dijo que había una deuda estructural de 93 millones de dólares. Inventaron el concepto de ‘deuda estructural’. Confundieron esa tal ´deuda estructural’ con los déficits anteriores que estaba establecidos en la Ordenanza 81 del TOCAF”, que no maneja ese concepto, aclaró. “Recurrieron a un invento, a una cosa nueva, que no permite comparar nada de lo que se hizo, con lo anterior”, manifestó.

González afirmó que “el gobierno sabe que la auditoría del Tribunal de Cuentas no iba a dar lo que ellos decían”, lo que fue admitido por algunos jerarcas municipales en la propia Comisión de Presupuesto de la junta, según consta en actas.

Consideró que, “por el camino elegido, es imposible una discusión política seria”, porque primero se pone una cifra y después se ve “cómo se puede llegar a ella”.