A todo esto, al recordarse esta semana el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, un integrante de la Consejería VIH/SIDA que funciona en la órbita del hospital de Maldonado reveló que dentro del penal de Maldonado no se ha podido trabajar a fondo sobre el tema, por lo cual no tienen datos exactos sobre la situación de esta enfermedad.
Martínez y Lagaeard están citados por la jueza Graziuso, denunciados por las defensoras públicas penales de Maldonado tras la muerte del recluso Marcelo Fernández Toledo, “consumido” por la tuberculosis en octubre pasado. Las abogadas sostienen que desde mayo hubo al menos siete reclusos contagiados de tuberculosis en el establecimiento, según consigna este viernes el diario El Observador.
Hace unos meses el doctor Federico Álvarez Petraglia, entonces a cargo de la sede penal de 2º Turno de Maldonado, pidió a los ministerios de Salud Pública y del Interior la adopción de medidas “paliativas urgentes” para solucionar la “emergencia sanitaria” de la cárcel. La decisión judicial se basó en la opinión del forense local, Julio Macedo, quien advirtió sobre el riesgo epidemiológico no solo para los reclusos, sino para visitantes y personal de la cárcel.
Ahora las defensoras de oficio sostienen que este problema no se solucionó sino que, por el contrario, la situación se agravó respecto a las condiciones de asistencia sanitaria. Por eso pidieron indagar a los citados jerarcas, en tanto presuntos responsables de la situación.