“Se dan premios para la Unidad de Víctimas de Fiscalía y sin embargo el trabajo que se hace con las víctimas deja muchísimo que desear y los que realmente hacen el trabajo son los defensores”, dijo.
El defensor contó que hace poco tiempo, con un caso de una denuncia multimillonaria, pidió un cierre de fronteras, se corren riesgos de que la persona acusada se fugue o pueda tomar una represalia y que sin embargo la fiscalía, “pausadamente”, se toma su tiempo, dilatando las probanzas.
Por su parte la doctora María Elena Maciel explicó cómo se le suman áreas a los pocos defensores de oficio y afirmó que es cada vez mayor la brecha entre la capital y el interior del país.
“Mientras que Montevideo tiende a especializar y separar las materias, en el interior se tiende a que los defensores públicos sean multimateria”.
La profesional sostuvo que hay leyes que en la “teoría” deben aplicarse pero que no tienen la infraestructura para hacerlo como pasa, por ejemplo, con la Ley de Género.
“No podemos vivir de las teorías porque no es justo aprobar leyes y después no poder llevarlas a la práctica porque no hay infraestructura”.
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