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“El 90% de los encausados por Ley de Faltas recurrió a defensores de oficio. Las leyes se aprueban pero no hay previsiones para su implementación”, observó Elso, quien lamentó la sobrecarga de trabajo porque impide cumplirlo adecuadamente.

Para graficar la situación, contó que mientras investigaba un caso de violación y otro de rapiña tuvo que estar en cinco audiencias en el juzgado de paz por encausados que habían orinado en la vía pública o violado las normas de tránsito.

Para evitar que la sobrecarga laboral afecte el servicio, los tres defensores de oficio de Maldonado evalúan trabajar de a dos por turno, dividiéndose entre el estrado penal y del de paz, donde se sustancian las faltas.

Por otra parte, igual que otros operadores judiciales de Montevideo, Elso presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de faltas porque, a su juicio, “nadie puede ser obligado a trabajar” y las penas son precisamente el trabajo obligatorio o la cárcel.

Asimismo, desde el punto de vista jurídico para los operadores tiene una gran falencia que es que no hay instancia de apelación. “En una audiencia se puede resolver todo sin derecho a que un tribunal revea la situación, por lo cual me parece que va contra todas las normas del debido proceso”, indicó.

Por último, la defensora consideró que la ley debió prever otro tipo de penas alternativas al “trabajo obligatorio o cárcel” como, por ejemplo, medidas socioeducativas.