El defensor de oficio, Pablo Piacenti, conversó con FM Gente y explicó la situación que atraviesan. Según Piacenti, está planteada una redistribución de los juzgados que afecta a los servicios, particularmente a la defensoría pública; lo calificó de “caótico”. Los juzgados que se encuentran ubicados en el edificio San Lázaro serán reubicados en otros lugares. “La defensoría dividida y hacinada”, indicó.
Presentaron una petición al jerarca inmediato donde explican toda la situación que viven; la misma surgió de los funcionarios de la defensoría. Según Piacenti, la directora no pudo solucionar el asunto. Piden la suspensión de la redistribución hasta que no exista una resolución.
En esa petición "detallamos todo lo que estamos viviendo. No puede entenderse seriamente que cinco defensoras entre tres despachos en el primero piso y cuatro en boxes de 2,60 x 1,30, armados con paneles de yeso en el hall de la planta baja del edificio del Centro de Justicia, contra ventanales de vidrio fijos, ni siquiera sobre una pared de material, sin ventilación, sin aire acondicionado y sin baños, que esto pueda considerarse minimamente digno para la prestación del servicio y el desempeño de nuestra función".
La Defensoría de Oficio a nivel nacional maneja más del 90 % de los casos penales. En Maldonado son cuatro las encargadas de la tarea penal, cuatro encargados de los temas de familia, una defensora que se encarga del tema faltas, laboral, civil, aduanero y administrativo.
En Maldonado existen dos juzgados de ejecución y vigilancia, los condenados en San Carlos son trasladados allí. Hace dos años que ya no cuentan con un defensor de ejecución penal ni tampoco avizoran la ocupación del cargo. Son los defensores de oficio actuales quienes se encargan de los privados de libertad y sus problemáticas.
Hay tres procuradores asignados, pero hace tres años que nadie ejerce la tarea. El tema está planteado a las autoridades correspondientes.
Señaló que el salario es de los más bajos en la administración pública y además son exclusivos. “Sinceramente, desmotiva”, dijo.
Actualmente hay unos 1.000 reclusos en la cárcel de Las Rosas, más de 900 se atienden en la defensoría pública. Luego de finalizado el juicio, la tarea continúa ya que demandan trabajo, estudio, problemas de salud, libertad anticipada, entre otras necesidades. “Hay toda una responsabilidad de ese defensor que queda a cargo de la vigilancia”, explicó.