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Según el semanario capitalino, Blás y otras seis personas (entre estas otro edil y tres escribanos) fueron denunciados ante la justicia del Crimen Organizado por maniobras para evadir al fisco. La presunta defraudación tributaria se habría producido cuando Blás Propiedades escrituró terrenos que vendía para Javipark SA en el Valle Di Saronno, por montos inferiores acordados con los compradores.

De acuerdo a la publicación, los escribanos eran aportados por la inmobiliaria e inducían a los clientes a declarar montos inferiores mediante engaños. Con esto, según los cálculos de la DGI, se habría defraudado al Estado por unos 6,7 millones de pesos (poco más de 300.000 dólares).

El semanario también indica que la causa judicial está en manos del fiscal nacional Juan Bautista Gómez, quien ya dio las primeras instrucciones para la investigación.

VIOLACIÓN A LAS NORMAS
El abogado de Javipark SA, Álvaro Villegas, manifestó este viernes en FM Gente su molestia porque el expediente de la denuncia “se filtró” a la prensa sin que los denunciados hayan sido notificados ni tuvieran conocimiento de las acciones de la DGI. A su juicio, tal acción vulnera el derecho al secreto tributario, por lo cual anunció que presentarán un escrito ante el organismo estatal “para intentar aclarar esta situación”.

El defensor dijo que a la empresa Javipark SA, de la que Blás es apoderado, “no le consta” esa información. “Las actuaciones administrativas en el ámbito de la DGI están enmarcadas en el secreto tributario y si es que se les hizo una denuncia en el juzgado, hay una reserva presumarial”, enfatizó. Añadió que la presunta violación del secreto tributario había sido advertida por Javipark SA mediante la presentación de un escrito, el 11 de setiembre pasado.

A su juicio, que la prensa se haya enterado antes que los involucrados “es revelador de que estamos ante una situación más política que jurídica”, insistió Villegas, ya que los involucrados no fueron notificados ni han podido realizar “descargos mediante el otorgamiento de una vista” al expediente.

Villegas evitó dar detalles del caso ni expedirse sobre la denuncia. “Si el tema llega a estar en la órbita judicial, se estará ante un Poder independiente, con todas la garantías, para exponer los elementos que se cuentan”, se limitó a expresar. “Enfatizó que Blás no es accionista de Javipark, es un intermediario, y estamos ansiosos de acceder al contenido de ese expediente”, remarcó.

“Es grave la filtración de una serie de actuaciones que tienen carácter reservado para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a defensa y a la intimidad. Si se elevaron los antecedentes a la justicia habrá que ver si el fiscal efectuará o no una acusación y habrá que estar a lo que resuelva la Justicia”, concluyó.

INTENCIONALIDAD POLÍTICA
El edil Federico Casaretto atribuyó una “intencionalidad política manifiesta” a la denuncia, que “aparece sin conocimiento de los denunciantes y a diez días de la elección”, además “patrocinada por un operador político del Frente Amplio que incluso aparece en spots de la campaña”.

Añadió que “estas cosas no sorprenden en Maldonado” porque la política se judicializa “sistemáticamente en las campañas electorales”. “Haga memoria de cuál denuncia de una archivó. Esto lo enmarco dentro de la campaña de denuncias a Botana de Cerro Largo, a Zimmer de Colina, a Coutinho en Salto, a Castingdebat en Flores. En Maldonado la figura exitosa en los últimos tiempos ha sido Blás, el Partido Nacional es quien disputa el gobierno al Frente Amplio”, indicó.

También dijo que la DGI le genera “una desconfianza tremenda”, recordando que meses atrás “el Presidente le archivó una denuncia a Paco Casal por un monto de 10 millones de dólares” y miles de irregularidades en declaraciones juradas. A su juicio, ese hecho no da garantías sobre la denuncia de la DGI. Puso en duda, además, que la justicia penal exista y consideró que esto “no hace más que fortalecer” al sector Unión y Cambio.

Opinó que esta es una reacción del Frente Amplio que está “molesto, preocupado y nervioso” por la fortaleza del Partido Nacional en Maldonado.

"HACE MESES QUE SE VENÍA MANEJANDO"
También el ex intendente y candidato a la diputación Enrique Antía fue consultado sobre el caso. Reconoció que lo sigue “atentamente desde hace meses” y deslindó vínculos de su agrupación política, Lista 22, con los dirigentes denunciados, que pertenecen a la Lista 23.

“Yo creo en la justicia de mi país y esto está en manos de la Justicia. Los temas de la vida personal y del manejo empresarial de cada uno poco tiene que ver con la política, la gente es la que después sacará sus conclusiones”, se limitó a señalar, al ser entrevistado por otros temas en FM Gente.

UN TEMA DEL AMBITO PRIVADO
Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en declaraciones al diario El País, dijo que esperará a conocer el fallo judicial para tomar una resolución al respecto.

“Es un tema del ámbito privado, no es en ejercicio de la política”, argumentó el candidato nacionalista.

Explicó que Blas no es candidato a diputado y que, formalmente, tampoco es candidato a Intendente puesto que aún no se ha celebrado la Convención Departamental Nacionalista que proclamará a quienes participen en la elección de mayo de 2015 como postulantes a Intendente.

De cualquier forma, Lacalle Pou advirtió que “si hay fallo, es otra cosa”. Agregó que “vamos a ser siempre implacables con aquel que actúa mal. Si somos severos con los ajenos, debemos serlo aún más con los propios” .



(foto: Twitter de Rodrigo Blás)