Según información difundida por el diario El País, los gremialistas Leonel Revelese, Sergio Alonso y Ángelo Olivera señalan la existencia de “preacuerdos entre privados basados en la voluntad futura de funcionarios del Estado” y solicitan, en ese sentido, que se incauten documentos relacionados con el acuerdo con Vidaplan.
La demanda establece que el Estado pasó de pagar un arriendo por el local de 470 mil dólares anuales, a abonarle a Vidaplan, en su calidad de nueva arrendadora, más de cinco millones de dólares, “o sea, diez veces más que a su anterior arrendador”, que era la familia Sagasti.
La denuncia marca que en la misma fecha en que Vidaplan propone a la Dirección Nacional de Casinos la ampliación de la concesión sobre Mantra a la sala del Nogaró, la empresa y la familia Sagasti llegaban a un preacuerdo sobre el arriendo del inmueble de Gorlero. Esto, según acusan, daba tiempo a Vidaplan a lograr su acuerdo con la Dirección Nacional de Casinos.
Está previsto que la sala abra en diciembre.
La demanda establece que el Estado pasó de pagar un arriendo por el local de 470 mil dólares anuales, a abonarle a Vidaplan, en su calidad de nueva arrendadora, más de cinco millones de dólares, “o sea, diez veces más que a su anterior arrendador”, que era la familia Sagasti.
La denuncia marca que en la misma fecha en que Vidaplan propone a la Dirección Nacional de Casinos la ampliación de la concesión sobre Mantra a la sala del Nogaró, la empresa y la familia Sagasti llegaban a un preacuerdo sobre el arriendo del inmueble de Gorlero. Esto, según acusan, daba tiempo a Vidaplan a lograr su acuerdo con la Dirección Nacional de Casinos.
Está previsto que la sala abra en diciembre.
