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Los ediles deberán definir, en sesión extraordinaria, si hacen lugar al pedido de destitución de un encargado del refugio camino de Ruta 39, acusado de acosar a por lo menos tres funcionarias. El Ejecutivo inició un sumario al trabajador –dependiente de la división de Higiene- que derivó en la decisión de darlo de baja.

Entre los partidarios de la destitución está un grupo de mujeres políticas que, este jueves a la hora 21, hará una movilización frente a la Junta Departamental en repudio a estos hechos.

La gestora cultural Pepi Goncálvez, la directora de la Oficina de la Mujer de la Intendencia Gonni Smeding, la directora general de Asuntos Legales de la comuna María del Carmen Salazar, y la edila Beatriz Jaurena (PVP), promueven esta iniciativa y este jueves explicaron a FM Gente sus argumentos a favor de la destitución.

Coincidieron al afirmar que el trabajador incomodaba a las funcionarias abriéndoles la puerta del baño cuando se duchaban o pretendiendo tocarlas.

No están para nada de acuerdo con algunos ediles frenteamplistas para quienes la actitud de las mujeres “incitaba” a la conducta del cuestionado trabajador, ni con quienes sostienen que el caso debería archivarse porque el funcionario sólo incurrió en “una falta”, o quienes sugieren que en algún momento las víctimas cambiaron su declaración o relativizaron los hechos.

“PERDIÓ LA APTITUD MORAL”

Salazar explicó que el sumario administrativo comenzó con una denuncia de las víctimas, relatando lo que les sucedía. Advirtió que es un proceso difícil porque no existe una cultura entre los trabajadores de “relatar las humillaciones” que pasan.

Sin embargo, aseguró que “en todo momento se cumplió con el debido proceso, el funcionario estuvo asistido en las audiencias por su abogado y tuvo la posibilidad de presentar los recursos que quisiera”.

Agregó que funcionarios varones corroboraron que “intentaba abrir la puerta del baño cuando las funcionarias se estaban duchando, que las abrazaba por atrás y les decía ‘mami’ o ‘mamita” y que el propio acusado lo admitió. “Eso nadie lo discute, aunque para algunos eso no es acoso sexual y para la abogada del caso, de acuerdo a la ley, sí es un acoso”.

Salazar explicó que este funcionario tiene 14 anotaciones negativas en su legajo por incumplimientos a la función pública y era encargado de las funcionarias que, además, “tenían una relación de dependencia tremenda, porque estaban en el grado más bajo y recién ingresaban”, remarcó.

Recordó que la administración comunal ha hecho cuestión de que el funcionario público tenga “la aptitud moral” para el cargo y que, en este caso y al cabo de una profunda investigación, el trabajador en cuestión ya no tiene esa aptitud moral.

La directora de Asuntos Legales de la Intendencia, aseguró a FM Gente que la destitución responde a una “clara” medida del Ejecutivo en procura de ambientes de trabajo saludables.

Gonni Smeding, en tanto, repasó las disposiciones de la nueva Ley de Acoso Sexual y consideró que “por donde se mire” este es uno de esos casos.

LIBERTAD DE ACCIÓN EN LA BANCADA

“Desde nuestra área tenemos que dar claras muestras de que hay que terminar con todo tipo de violencia hacia las mujeres. No podemos pedirle a los jueces que actúen y nosotros no dar muestras claras en ese sentido”, señaló Smeding

Por esto, la jerarca está enfrentada con este tema con ediles de su propio sector, que no está dispuesto a avalar la destitución pedida por el Ejecutivo. Entre éstas, la edila y dirigente del sindicato de Empleados de Edificios de Maldonado (SUTEM), Marita Cruz, para quien el caso no amerita una destitución.

La edila Beatriz Jaurena explicó, además, que en varias oportunidades las víctimas debieron seguir contando lo que pasaron incluso a ediles de la Junta Departamental, lo cual consideró “deplorable”. Añadió que, dada la complejidad del tema, la bancada frenteamplista tendrá libertad de acción y cada edil votará “a conciencia”.

HACIA UN ÁMBITO LABORAL SALUDABLE

Goncalvez aportó otro punto de vista al tema, al aclarar que de todas maneras este es un caso de acoso laboral. Sacando la cuestión de género, “todo tipo de comportamiento que de alguna forma disminuya la capacidad de trabajo de un funcionario, va en contra de los intereses del total”.

“Darle a alguien un cargo jerárquico para que utilice ese tiempo para molestar a sus subordinados, eso ya da para que esa persona sea destituida. (…) Como ciudadanos, no podemos permitir darle a alguien un poder para que haga de ese poder, su entretenimiento personal”, enfatizó.

A su juicio, “la sociedad debe adaptarse a la evolución de los derechos. (…) Todavía no estamos acostumbrados a resistir determinadas cosas.(…) Intentamos que la IDM como principal empleador del departamento castigue conductas inapropiadas dentro del ámbito laboral”.

Salazar, por su parte, enfatizó que el Ejecutivo Departamental tiene el firme propósito de avanzar en la búsqueda de ambientes laborales “amigables”, “respetuosos” y “sanos”, sancionando todo lo que sea violencia física o sicológica. “Otra cosas es la Junta Departamental, donde hay sectores, pero a nivel del Ejecutivo esta es una política clara y contundente”.

El funcionario fue inicialmente separado de su área, luego separado el cargo durante seis meses con la retención de medio sueldo mientras duró la investigación. En las últimas semanas hizo rondas de contactos con ediles de todos los partidos, pidiéndoles su apoyo. “Eso no puede ser, hoy la Junta tiene la oportunidad de decir basta a la violencia e involucrarse con estos temas. A partir de esta resolución de la noche habrá un antes y un después”, sintetizó Smeding.