Facebook Twitter WhatsApp

En Maldonado hay actualmente 26 centros registrados en el Ministerio que han sido visitados en febrero y luego noviembre de 2009. “Hay variedad de situaciones, diferencias sustanciales en las ofertas existentes. Hay situaciones preocupantes y otras que nos dejan muy conformes”, afirmó Petinguy.

Por localidades, en San Carlos se inspeccionaron cinco centros, de los cuales dos quedan en seguimiento para renovar la autorización y uno queda en tramitación para obtenerla. También se detectó uno que inicia trámites para regularizar y existe otro que pasó a la órbita de ANEP.

En Piriápolis se detectó un centro que inició la regularización para obtener la autorización.

En Maldonado se encontraron 14 centros, de los cuales cuatro están en seguimiento para renovación (ya fueron autorizados). Cinco en seguimiento para obtenerla por primera vez, uno se encuentra con plazo para presentar documentación y dos detectados que necesitan regularizar. También fue cerrado una institución -constatándose el cierre- y se detectó otra que, habiendo informado su cierre, al realizarse la visita se detectó que permanecía abierta.

De los seis centros que no fueron visitados en esta oportunidad cuatro pasaron a la órbita de ANEP y dos mantienen la autorización vigente.

Según explicó Petinguy, las autorizaciones duran dos años porque se ha descubierto que las instituciones son muy cambiantes. En este sentido, se han constatado frecuentes cambios de personal, en la dirección y hasta en el titular de la empresa.

La jerarca explicó que los cierres se dan en los casos en que se observan “condiciones básicas que son inadmisibles, o que no se va a poder evolucionar, o no hay respuesta”. “Porque eso también pasa, en esos casos hemos tomado distintas acciones y hemos hecho clausuras antes de ahora. No a partir de este hecho terrible, doloroso e indignante, que tomamos estas actitudes. Así venimos trabajando”, añadió.

Además, los inspectores han detectado en ciertos lugares “muchas situaciones, donde más que armar un servicio para ofrecer a los demás, lo que hay es una estrategia de supervivencia personal”, indicó Petinguy.

A partir del 2007 el gobierno comenzó a informar que para abrir un centro de atención infantil había que dirigirse al Ministerio de Educación y Cultura para orientarse y asesorarse sobre los pasos a seguir. “Eso hizo que se hicieran, previo a la apertura del lugar todas las instancias posibles. O sea, la presentación del formulario institucional, el formulario de personal, los certificados de salubridad, etc. Entonces, una vez que abren, en uno o dos meses máximo, se hace la visita de supervisión se da la autorización”, añadió.

Desde que se está trabajando para regularizar la situación, explicó la jerarca, los titulares de las instituciones no aceptan fácilmente las nuevas directivas. “Porque nos mienten, porque nos dicen que tienen lo que no tienen y que nos mandan lo que no nos mandan”, aseguró. Es en esa línea, que las autoridades muchas veces se ven obligadas a tomar medidas rigurosas que pueden terminar en el cierre del centro.