Se trata de una de las derivaciones del procedimiento informado el pasado domingo por FM GENTE, que en la noche del viernes tuvo un nuevo capítulo cuando Guardia Republicana que circulaba por Alberto Caracara y Gregorio Sanabria, observó que un sujeto que estaba en la intersección era Fernando Gabriel Prieto Figueira, quien tenía requisitoria.
Había sido uno de los 11 detenidos en el “Operativo Guapo”, cuando Republicana incautó dos armas de fuego, más de 200 mil pesos y 1433 envoltorios con estupefacientes.
En primera instancia se dispuso el cese de detención para Prieto, pero luego se libró una orden de captura.
El domingo pasado FM Gente informó que un patrullaje de rutina en Gregorio Sanabria y Juan Alberto Caracara avistó dos motos que circulaban juntas, una sin chapa matrícula, las que ante orden de detenerse se dieron a la fuga iniciándose una persecución.
Uno de los rodados se descartó de una bolsa que contenía $ 156.623 pesos para después intentar ingresar a una vivienda cayendo del vehículo y perdiendo un revólver calibre 32.
En la finca había otros dos hombres de 23 y 25 años descartándose el segundo de una mochila con 1.433 envoltorios de sustancia blanca, un revólver calibre 38 con seis cartuchos, tres balanzas de precisión, 18 cartuchos calibres 38 y 22, un cargador vacío calibre 22, y $ 50.441 pesos, para terminar siendo detenidos.
En circunstancias que tres hombres intentaban darse a la fuga por su techo se logró detener al conductor de la moto de 18 años y a dos hombres de 26 y 27 años, incautándose cuatro celulares y posteriormente una pistola calibre 22.
La primera derivación del operativo “Guapo”, llamado así porque se conocía por esas horas del deceso de Jorge Larrañaga, condenó a Miguel Alejandro Silvera Lemes por tráfico interno de arma de fuego y municiones en reiteración real; con delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas, por los que deberá cumplir 2 años y 8 meses de cárcel efectiva.
También condenó a Agustín Rodríguez De Los Santos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones en lugares públicos, tráfico interno de arma de fuego y asistencia a agentes de actividad ilícita en reiteración real.
En este caso deberá cumplir 16 meses de prisión, 8 efectivos y 8 de libertad a prueba.