Fue presentado en el Parlamento el 3 de mayo. Según este proyecto, “el que porte o posea un arma de fuego y se encuentre sujeto a un procedimiento penal sin clausurar” o, directamente, tenga antecedentes judiciales, “cuya data no excedan los cinco años, será castigado, por esa sola circunstancia, con una pena de tres a veinticuatro meses de prisión”.
En estos casos, no se tendrá en cuenta la autorización de “porte de armas” que pudiere habérsele otorgado en vía administrativa. “Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente”, agrega.
En la exposición de motivos, se explica que el objetivo del proyecto apunta, además, a respaldar a quienes están en relación directa con el cometido esencial del Estado en lo que atañe al “orden público” y a procurar “la tranquilidad, seguridad, decoro de la República y protección de todos los derechos individuales” (artículos 10 y 85 num. 3º de la Constitución Nacional).
Cardoso aduce que la vinculación entre las armas de fuego y los delitos “se hace más estrecha cada vez y esta realidad pone de manifiesto la imperiosa necesidad de legislar con relación a la temática de las armas y a los delitos cometidos con ellas”.
“El constante aumento y presencia de armas de fuego en la comisión de delitos, con el consiguiente riesgo para la integridad física e incluso para la vida de las víctimas, justifica plenamente una mayor severidad de trato para quienes porten o posean armas de fuego en las condiciones señaladas en el proyecto que se eleva”, concluye la exposición.
En estos casos, no se tendrá en cuenta la autorización de “porte de armas” que pudiere habérsele otorgado en vía administrativa. “Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente”, agrega.
En la exposición de motivos, se explica que el objetivo del proyecto apunta, además, a respaldar a quienes están en relación directa con el cometido esencial del Estado en lo que atañe al “orden público” y a procurar “la tranquilidad, seguridad, decoro de la República y protección de todos los derechos individuales” (artículos 10 y 85 num. 3º de la Constitución Nacional).
Cardoso aduce que la vinculación entre las armas de fuego y los delitos “se hace más estrecha cada vez y esta realidad pone de manifiesto la imperiosa necesidad de legislar con relación a la temática de las armas y a los delitos cometidos con ellas”.
“El constante aumento y presencia de armas de fuego en la comisión de delitos, con el consiguiente riesgo para la integridad física e incluso para la vida de las víctimas, justifica plenamente una mayor severidad de trato para quienes porten o posean armas de fuego en las condiciones señaladas en el proyecto que se eleva”, concluye la exposición.
