Facebook Twitter WhatsApp

Puig convocó a una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, que el lunes analizó la situación del hotel y casino Mantra luego del despido de trabajadores. Los legisladores se reunieron con las partes involucradas.

“Nosotros creemos que nuestro país ha avanzado en materia de relaciones laborales y queremos reafirmar ese avance”, dijo.

FUNDAMENTOS DE UNA IDEOLOGÍA
Según Puig, “esta situación marca la necesidad de que el Estado analice cuál es la relación con inversiones privadas a las cuales el Estado les exonera determinados impuestos”.

“Es decir, el conjunto de los uruguayos colaboramos para que esas inversiones se radiquen en el país, se les dan beneficios tributarios, y la respuesta de algunas empresas, como el caso de Vidaplan, cómo le responden a ese esfuerzo, a ese sacrificio que hace la sociedad uruguaya, despidiendo trabajadores”, dijo.

Puig usó el mismo razonamiento que el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sustentó el año pasado, mientras todavía era ministro al refutar un informe de las cámaras empresariales de Uruguay que objetaron algunos aspectos de su conducción económica.

Técnicos vinculados al sector empresarial calificaron de falacia el argumento de Lorenzo, ahora usado por Puig, por cuanto las exoneraciones fiscales son otorgadas para que los capitales lleguen y se radiquen; sin ellas no habría inversiones de capitales externos en Uruguay, ni a quien exonerar nada.

“Bueno, esto pone al Estado, primero, en la situación de exigir el reintegro de los trabajadores, al mismo tiempo de analizar la situación de los beneficios que se le dan a determinadas empresas”, siguió avanzando el legislador oficialista en su razonamiento.

Agregó, metiéndose de nuevo en la argumentación refutada a Lorenzo, que “en general el Estado uruguayo el año pasado, en los diferentes rubros de actividad renunció a 1.800 millones de dólares de impuestos para promover inversiones”.

¿LOS EMPRESARIOS PUEDEN GESTIONAR LIBREMENTE?
Cuando se le preguntó hasta dónde los empresarios que reciben determinados privilegios del Estado tienen la obligación de mantener los puestos de trabajo, Puig no respondió la pregunta, sino que prosiguió con su lógica sobre el conflicto en el Mantra.

“Esta empresa ni siquiera respetó el convenio colectivo establecido, esta empresa pone en peligro, en definitiva, la instalación de un conflicto a nivel nacional de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, porque se desconoció un convenio firmado, un convenio colectivo”, razonó.

Después de opinar que “esta empresa no procedió correctamente”, dijo que en la reunión de este lunes “plantean la necesidad de reestructurar la empresa, plantean que por razones de mejor servicio estos deben ser los trabajadores” que de los que debe prescindir.

“Nosotros le planteamos si esto no tiene que ver con la condición de afiliados y militantes sindicales de muchos de los despedidos; dicen que no, que en realidad ellos tienen un gran respeto por la organización sindical”, prosiguió narrando.

HACIA NUEVAS REGULACIONES PARA DESPEDIR
Desde estudios de FM Gente se le volvió a pedir que explicara bajo su criterio cuál era la libertad que tenía un inversor para gestionar la empresa en la que había venido a poner su capital, pero Puig prosiguió sin responder la pregunta específica.

Entonces se le interrogó directamente si lo que él estaba planteando era ir hacia la inamovilidad del empleado privado.

“Estamos tan lejos de que acá se le pongan normas a los patrones que los dejen prisioneros de esa situación”, opinó.

Agregó que “generalmente la situación es al revés, empresas que se funden con empresarios que mantienen un importante capital, y trabajadores que quedan despedidos, muchas veces, en muchos casos, sin ni siquiera cumplir con los créditos laborales”.

“Hay que ser muy cuidadosos con eso porque en la medida que le digamos a una empresa que tiene licencia para poder despedir trabajadores sin ningún problema, entonces me parece que estaremos en una situación…”, dijo, sin completar la idea.

Afirmó que con ello “retrotraeremos al Uruguay a décadas anteriores donde la posibilidad de las empresas de despedir sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de razón, muchas veces aplicando represión anti-sindical, era cosa de todos los días”.


ZL