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Ante este contexto, el Diputado por Maldonado, Sebastián Cal, y su equipo redactaron la iniciativa que se funda en dos pilares: la tipificación de nueve delitos -entre los cuales figuran el acoso telemático, la suplantación de identidad y la estafa informática- con penas que van desde los seis meses de prisión a los seis años de penitenciaría, dependiendo de la gravedad de la conducta y la capacidad de afección de las víctimas y medidas educativas en cursos para estudiantes de secundaria y escuelas técnicas, a los efectos de educar sobre conceptos relativos a finanzas personales y utilización de medios tecnológicos.

A través de variadas modalidades, explicó el Diputado Cal, los ciber-delincuentes logran acceder a datos personales para luego utilizarlos en maniobras tendientes a vaciar cuentas bancarias, realizar compras con tarjetas de crédito, solicitar préstamos y concertar distintas transacciones financieras en nombre del damnificado, suplantar la identidad para obtener credenciales (usuario y contraseña) solicitando dinero a cambio de la recuperación de las mismas, inmiscuirse en sitios de foros o juegos donde participan menores de edad para hacerse de fotos, audios o videos pornográficos, divulgar contenidos íntimos a través de redes sociales o medios de comunicación masiva, alterar el funcionamiento de empresas y muchas otras maniobras que hoy carecen de tipificación expresa en el Código Penal Uruguayo.

Desde el mes de abril, sostiene Cal, estas conductas han aumentado significativamente afectando a cientos de uruguayos (tanto personas como empresas) semanalmente. “Hemos sido testigos de las campañas de ciberseguridad, generadas por las Instituciones Financieras en pro de la defensa y formación de sus clientes, así como de las exhortaciones emitidas por distintos expertos (fiscales, asesores y demás) a los efectos de ser cautos con la información que compartimos habitualmente, mantenernos alerta y vigilar a los más pequeños de la familia, a la hora de utilizar canales digitales”, sostuvo.

Con la presentación del proyecto se abre el camino de la discusión parlamentaria para la actualización de la normativa penal, “con el fin de sancionar a quienes cometen estos delitos y generar un marco jurídico que proteja a los uruguayos ante las nuevas modalidades criminales”.