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Rodríguez, que originalmente fue entrevistado porque está empeñado en advertir a los vecinos de Maldonado que no se conecten a la red sanitarias que van a empezar a recibir multas mensualmente, terminó dando su punto de vista sobre la coyuntura política a nivel nacional.

“Acá lo que hay son presiones indebidas hacia el Poder Judicial” desde el gobierno, dijo. Agregó que hubo “varias sentencias que no le gustaron al gobierno, y al gobierno se le salto la cadena, esa es la verdad”.

Indicó que el Parlamento advirtió al gobierno, cuando se trató lo que era entonces un proyecto de ley para establecer un impuesto a la concentración de inmuebles rurales, ICIR, que tenía varios aspectos que iban contra la Constitución. “Y lo aprobaron igual”, completó.

“Sobre la ley interpretativa de la caducidad, pasó lo mismo”, agregó. “En la comisión (parlamentaria que analizó el proyecto antes de llevarlo al plenario), todos los constitucionalistas que pasaron por allí dijeron que era una interpretación inconstitucional”, dijo.

Sostuvo que con estos antecedentes, “a nadie toma de sorpresa de que la Corte, haciendo uso del derecho, y aplicando lo que dice la Constitución, haya aplicado la inconstitucionalidad” a esas normas.

Opinó que el ambiente terminó de ser enrarecido por una confrontación que se produjo entre el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández, con la juez Mariana Mota, que además de los temas por los derechos humanos, llevaba la causa de un avión que cayó en el Río de la Plata y causó la muerte de sus dos ocupantes.

“Todas estas cosas han ido sumando, la Corte tomó una medida administrativa con respecto a la juez Mota, y esto generó presiones indebidas sobre otro poder del Estado como el Poder Judicial”, explicó.

MULTAS POR NO ESTAR CONECTADOS

Rodríguez obtuvo una ampliación de 30 días en el plazo para empezar a aplicar una ley de noviembre de 2011 que estableció que todos aquellos propietarios que tengan saneamiento por la puerta de sus casas y no estén conectados, van a empezar a recibir una multa mensual hasta que regularicen la situación.

Afirmó que ahora el plazo se extendió hasta fines de marzo, cuando empezará a aplicarse la ley que, para Rodríguez, no debería tener finalidad recaudadora, sino convertirse en una herramienta que ayude a mejorar el ambiente estando todos conectados a las redes de saneamiento.

“No todo el mundo está atento, y se iba a encontrar que a partir de febrero se iba a encontrar con una factura importante de la OSE (Obras Sanitarias del Estado) por no conectarse al saneamiento”, apuntó, al comentar lo que había obtenido con su pedido de prórroga para difundir más y mejor la entrada en vigencia de esta nueva norma.

Rodríguez también dio cuenta de que está reuniendo firmas, junto a un grupo de miembros de su partido y de otras corrientes de intereses diversos, para convocar a un referendo sobre la aplicación de la ley que legalizó el aborto en Uruguay, la que dijo que fue aprobada “por una mayoría circunstancial, pero mayoría al fin” impuesta por los legisladores del gobierno.

zl