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En este último caso, Cal aseguró a micrófonos de FM Gente que en Maldonado se están suscitado problemas para que los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social puedan adquirir garrafas de supergás a precio subsidiado, es decir, con descuentos de un 50%.

Cal aseguró que ha estado en conversaciones con la directora del Mides de Maldonado, y con Martín Lema, hoy a cargo de la cartera a nivel nacional, además de haber dialogado con el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic en procura de lograr una solución.

“Hoy le está llegando la garrafa del Mides con beneficio a la gente que vive en San Carlos y en Maldonado.

Toda la que vive en Pan de Azúcar, demás localidades de zona oeste, el norte del departamento, balneario Buenos Aires y demás localidades no pueden acceder a la garrafa con descuento”, destacó.

Cuando se le inquirió por qué motivo no podían hacerlo dijo que, sencillamente, en esos lugares no se están vendiendo garrafas subsidiadas.. No hay dónde adquirir la garrafa porque las empresas distribuidoras no siempre adhieren al programa, señaló.

A juicio de Cal, será necesario establecer que al menos Ducsa, la distribuidora de Ancap, tenga la obligación de hacerlo, lo mismo que las estaciones de servicio del ente estatal.

El legislador dijo no saber efectivamente si la misma situación ha llegado a oídos de otros diputados del resto del país, pero sí aseguró que en los últimos días ha recibido “decenas de llamadas” de ciudadanos afectados por la problemática dentro del territorio departamental.

Cal dijo haberse tomado el trabajo de llamar a “todas la distribuidoras” de supergás que trabajan en los lugares denunciados. “Ninguna” de ellas estaba vendiendo el producto con el descuento del 50%, indicó.

En todo el país hay “unas 150 mil personas” que pueden acceder al beneficio, por lo que “la garrafa le quedaría a $ 412”, la mitad de su valor normal; esto es “un esfuerzo muy grande” para la economía nacional, aseguró.

Por otra parte, Cal destacó que aún está siguiendo las alternativas que han postergado la aprobación del proyecto de ley que presentó en julio de 2021 para lograr la penalización de varios ciberdelitos hoy muy comunes en el país.