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Amalís Martínez se desempeñó en el Poder Judicial a través de su rol de juez durante 35 años y aún se considera “portavoz de la voz del pueblo”.

Como invitada a La Página Central de La Revista de FM GENTE se refirió al momento actual de la justicia y al mal funcionamiento de ciertos aspectos.

“Estamos en un momento crucial y eso inclina la balanza; muchas cosas salen al debate con las ganas de ofender o de tirar un manto de incertidumbre”.

Consultada sobre el actual Código del Proceso Penal (CPP), Martínez remarcó la urgencia de realizar ciertos cambios con respecto al funcionamiento de los acuerdos abreviados que se establecen entre Fiscalía, el imputado y su defensa del que no participan en principio ni la víctima ni sus abogados.

“Los acuerdos abreviados tienen su buena función y su por qué estar, pero la cosa se fue de de mambo”.

Por otra parte, se refirió a las penas “livianas” y a la responsabilidad de los diferentes operadores del derecho, autoridades e instituciones como agentes de cambio. “Si una persona tiene antecedentes tiene que ir para adentro no quedar en libertad a prueba”.

“En Aguas Dulces cuando un individuo había violado a unas niñas, Fiscalía pidió una medida preventiva de prisión que la juez no le dio y el tipo se paseaba a caballo y hasta mató un gato”.

En esa misma línea, lamentó las demoras al momento de resolver ciertos casos judiciales, y ejemplificó con el mencionado fallecimiento de los abogados calcinados en las cercanías de Sierras de Garzón.

“No puede haber 50 días y el movimiento de la familia buscando y pagando un montón de dinero en un perito para que aparezcan detalles que eran obvios”.

En ese sentido, aseguró que, frente a la convicción de que no se trató de un accidente, actualmente “hay un asesino suelto” y estimó que el gran respeto con el que se trató la investigación determinó que “todos nos quedáramos quietitos”.

“Tengo entendido de buena fuente que al lugar del hecho fueron solo los Bomberos y capaz que la Policía. Hubo errores que son horrores y habría que saber si fueron solo por carencia de recursos humanos o si hay otra cosa detrás”.

Con respecto a la repercusión de ciertos casos que se convierten en mediáticos, Martínez remarcó que, si bien el juez tiene la obligación de preservar y mantener en reserva mientras se trate de un caso de presumario, le hubiera gustado que algunos casos se “mediatizarán” en su época como miembro del Poder Judicial.

Finalmente, marcó una diferenciación entre los jueces, que son la mano directa de la Justicia, y los fiscales que forman parte de una institución aparte dentro de un poder del Estado.

“En Uruguay debió haberse continuado un sistema mixto para que el juez no esté tan apartado de la investigación”, concluyó.