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Pedro Javier Moya era un empresario reconocido. En La Barra, regenteaba el hotel y restaurante “La Posta del Cangrejo” junto con la chef Ana María Bozzo. El hotel y el restaurante fue vendido en 2016 a un grupo inversor que proyectaba construir un complejo de apartamentos en el predio. Con el dinero de su parte, Moya adquirió cuatro apartamentos ubicados en la primera línea del mar por US$ 600.000 cada uno.

Dos de los apartamentos están situados en La Barra y los otros dos en Manantiales. Moya pensaba vivir sus últimos años con las rentas generadas por esas viviendas. En las buenas temporadas de 2017, 2018 y 2019, obtuvo una elevada rentabilidad por el alquiler de esos cuatro apartamentos, lo cuales eran administrados por un amigo de muchos años y de absoluta confianza.

En 2019, el administrador le planteó un negocio: debía hipotecar dos apartamentos con un prestamista de Montevideo por US$ 400.000 y prestar ese dinero a un supuesto constructor de viviendas que le pagaría US$ 40.000 por poner los bienes como garantía. Además, el supuesto constructor se encargaría de pagar los intereses y el capital pedido al prestamista, según relató Moya al diario El País.

El hombre confió en el administrador, que antes nunca le había fallado, y firmó las hipotecas. Pocos meses más tarde el administrador le propuso a Moya un segundo negocio: hipotecar por US$ 400.000 los otros dos apartamentos. El administrador le aconsejó invertir ese dinero en pozos petroleros ubicados en Argentina, según consta en la denuncia presentada en la Fiscalía en 2019. El caso lo investiga la fiscal Ana Roses, quien ya citó a todos los intervinientes en los negocios de las hipotecas.

Moya supuso que las hipotecas eran pagadas regularmente. Sin embargo, a mediados de 2019 comenzaron a llegarle las primeras intimaciones de pagos. Pero las hipotecas no fueron los únicos ilícitos sufridos por el empresario. En diciembre de 2018, Moya viajó a España a ver a familiares. Al regresar constató que le faltaban US$ 200.000 de sus cuentas bancarias.

Resultó que el administrador tenía un poder firmado por Moya, aunque este jamás vio a un escribano. Moya sí firmó algunos documentos, pero ningún profesional refrendó su firma. Tras pedir asesoramiento legal, Moya revocó el poder otorgado al administrador y luego se alejó de él.

Moya dijo que su exadministrador lo estafó aprovechándose de su edad, bonhomía y confianza de muchos años. “Jamás pensé que él me haría eso”, relató a El País.

Moya, además, recordó que el administrador le presentó a un supuesto empresario de la construcción para concretar negocios que, decía, podían ser millonarios, y que meses más tarde, cuando los acuerdos fallaron, se enteró que el “próspero constructor” se dedicaba en realidad a llevar personas a apostar a un casino.

“El administrador y ese supuesto constructor me estafaron y quedé totalmente en la calle”, dijo Moya. Y señaló que uno de sus hermanos, que vive en España y tiene un buen pasar económico, le gira todos los meses dinero para “tener un techo y un plato de comida”.

Moya aguarda esperanzado que la causa penal avance ahora que el impacto de la pandemia es menor. “Estoy esperanzado de que esto (la investigación) prospere. Ha quedado suspendido muchos meses por la pandemia. La Fiscalía debería avanzar en el caso, porque me parece que lo que sufrí es un delito”, señaló.

En 2013, Moya enfrentó una causa penal por pago de retribución a menores de edad a cambio de actos eróticos. Fue procesado por ese delito en primera instancia. Un Tribunal de Apelaciones revocó el fallo porque Moya le preguntó la edad a la entonces adolescente y esta le dijo que era mayor. Finalmente, la Corte confirmó su procesamiento.




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