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Artola dijo que “lo que nos convoca, más que la inclusión financiera, es la exclusión financiera. Estamos excluyendo a gran parte de la población del Uruguay. Hay estadísticas a nivel mundial que señalan que el porcentaje más grande de las personas que no usan el sistema financiero son las de bajos recursos. Y con esto lo que hacemos es excluirlas… Empezamos con normas que implican tener tarjeta de crédito para hacer determinadas operaciones o tener cuentas bancarias, lo cual a mucha gente le imposibilita realizarlas”, señaló.

Dijo que hay personas que están en el clearing, que están embargadas o que han tenido problemas y no puede acceder a esos requisitos.

Destacó que “esas personas queda excluidas, porque a partir del 1 de julio cualquier persona que quiera comprar un bien mayo a 4.400 dólares, va a tener que ser bancarizado. No va a tener la posibilidad de comprarlo en efectivo como hasta ahora. Esto rige para un auto, una moto o una casa. Todo eso va a pasar por el sistema financiero. Y para pagarle a un abogado o a un escribano le va a tener que pagar mediante transferencia o moneda electrónica. No se va a aceptar más el dinero en efectivo”.

“Y eso perjudica y excluye, en vez de incluir, excluimos”, destacó.

Artola dijo que la ley de inclusión financiera tenía que haber empezado a regir a partir de 2014 y “se ha ido postergando. Hoy ya tenemos, a partir de este mes, que para pagar impuestos nacionales –DGI, BPS o Aduana- mayores a 33 mil pesos, ya tiene que ser con cheque cruzado, no a la orden… Un empresario que no tenga cuenta bancaria hoy no puede pagar sus impuestos. Tiene que salir a pedir prestado o a comprar un cheque”, explicó.

Señaló que esto “ha caído muy mal” en los empresarios, ya que los que no están afiliados a las gremiales ni siquiera han recibido información y “han tenido que enfrentar las multas, que no son baratas”, aún teniendo dinero en efectivo para pagar.

Señaló que “el 75% de la población del Uruguay no quiere la bancarización. Siempre se manejó y se maneja con el efectivo”.

También manifestó que la ley va a generar problemas a los propietarios e inquilinos, porque si alguno de los dos no está bancarizado se tiene que pagar una multa que es tres meses el valor de la renta. “Y el arrendador no va a poder descontar el 6% en su Declaración Jurada (del IRPF), como hasta ahora. Y el que arrienda no va a poder desalojar a esa persona, o va a tener que pagar las multas, si el pago no está hecho por depósito bancario”, indicó.

Advirtió que la ley, que tiene “varios vacíos”, va a generar “un mercado negro o paralelo”, porque “falto tiempo e información”.

El edil anunció que esta noche va a hacer un planteo en la Junta Departamental sobre esta situación y alertó que “la ley ya no admite más prórrogas, porque está desde 2014, y entrará en vigor el 1 de julio”.