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Al respecto, el legislador departamental afirmó que hay “más de 100 que tenemos pendientes” y que se volverán “a ir presentando en el correr de las próximas sesiones”.

“Tenemos más de 100 pedidos de informes de los últimos dos años que no han sido contestados por la Intendencia Departamental, pero en la noche de hoy quisimos presentar estas cinco reiteraciones de pedidos de informes porque atañen a un tema que es bien importante para el departamento y el Gobierno departamental”, dijo el edil Joaquín Garlo en la última sesión del legislativo. Uno de esos pedidos refiere a “la ampliación de la contratación por parte de la Intendencia del sistema de videovigilancia”, tema por el cual el legislador iría ante la justicia. En este sentido, el edil acusó a la directora de Asuntos Legales de la comuna, Adriana Graziuso, de escamotear la información.

“Como la Junta y la población saben, en oportunidades anteriores hemos tenido que recurrir al Poder Judicial de la República para poder hacernos de la información económica relativa a los contratos de las cámaras de videovigilancia; información que se mantuvo oculta durante mucho tiempo por la doctora Adriana Graziuso, directora general de Asuntos Legales de la Intendencia y, hoy por hoy, estos pedidos de informes descansan bajo la Dirección General de Asuntos Legales desde el 15 de marzo de 2022”, afirmó.

“La doctora Graziuso, una vez más, no ha dado respuesta a estos pedidos de informes que refieren a comunicaciones electrónicas entre la Intendencia y el Ministerio del Interior, resoluciones del intendente que no se encuentran publicadas en la página Web de la Intendencia, incumpliendo con la ley de datos abiertos y transparencia activa de los Gobiernos departamentales, copia de los expedientes electrónicos vinculados a la ampliación de los contratos del sistema de videovigilancia, más resoluciones que no han sido publicadas en debida forma en la página Web de la Intendencia y, por lo tanto, se mantienen ocultas a la ciudadanía del departamento y la copia del contrato suscrito entre la Intendencia y la empresa Elbit Systems Ltda. de ampliación del sistema de videovigilancia”, agregó el edil.

“Hasta donde tenemos conocimiento, no está clasificada esta información sino que es pública y necesaria para el cumplimiento cabal de nuestras funciones constitucionalmente previstas; no surge el poder hacernos de esa información para poder cumplir con nuestra tarea como legisladores departamentales.

No nos sorprende, señor presidente, que una vez más la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental y su Dirección nos mantenga en el oscurantismo en torno al contrato de las cámaras de videovigilancia, como ya lo hizo en el año 2016 y derivó en un proceso judicial, el cual ganamos con una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 6° Turno y con un llamado a sala al señor intendente, donde quedó demostrado que la estrategia de la Intendencia de ocultar la información fue equivocada y esperamos que ese aprendizaje del período pasado haya servido para algo, no se repita una vez más la historia y entremos otra vez en ese círculo vicioso. Por eso, al final de estas notas, señalamos que de no ser contestado en un plazo prudencial, iniciaremos las acciones legales que corresponden”, añadió.